El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) madrileño denuncia que la Comunidad de Madrid, en un ejercicio del más insoportable totalitarismo, será la primera de toda España en obligar a trabajar a los desempleados que cobren prestación. A partir de octubre, un desempleado podrá ser obligado por el ayuntamiento de su localidad a desarrollar “obras y servicios de interés general”. El trabajador forzoso recibirá formación por diez horas al mes y un salario equivalente al salario mínimo interprofesional por trabajar jornadas de hasta ocho horas diarias durante un máximo de seis meses por cada obra o servicio, pero no tendrá contrato de trabajo. En caso de negarse a trabajar, el desempleado podría perder la prestación económica hasta seis meses.
El P-LIB de Madrid condena con la máxima dureza esta medida totalitaria y exige al gobierno del sedicente liberal Ignacio González su retirada inmediata. El P-LIB la considera un atentado de la mayor gravedad contra los derechos básicos de libertad individual, proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Organización Internacional del Trabajo y por el artículo 35 de la Constitución Española, que declaran la libre elección de profesión u oficio. El P-LIB promoverá la actuación del Defensor del Pueblo en evitación de este atropello, e insta a los partidos e instituciones con legitimación jurídica para ello a recurrir esta medida ante el Tribunal Constitucional.
Nadie está capacitado para decidir cuál es el “interés general”, pero los políticos madrileños pretenden arrogarse esa tarea. Habría que preguntarse dónde se trazan los límites del interés general y por qué un ciudadano debe sacrificarse en nombre de otro. La solidaridad pública que intentan vendernos los actuales políticos madrileños es vulgar coerción: no es más que una forma de colectivismo extremo enmascarado, similar a las tácticas utilizadas por los máximos ejemplos históricos de la tiranía. Hitler, Stalin o Mao usaron ampliamente el trabajo forzoso para imponer sus objetivos y ellos también se ampararon en el “interés general” para hacerlo.
Teniendo en cuenta que vivimos en un país con un Estado masivo, donde sobran muchos cargos públicos que generan enormes gastos, la posibilidad de ampliar aún más la plantilla de trabajadores públicos, con sus consecuentes gastos —el Ejecutivo madrileño destinará quince millones de euros a este plan— y para realizar trabajos cuya demanda han determinado los políticos regionales y no las fuerzas del mercado, es francamente aterradora. Lo que necesitamos los madrileños es un comunidad autónoma donde prime la libertad y no un gobierno regional estatalista, que cada día limita más nuestras libertades y cada día nos cuesta más dinero a todos. Es importante recordar que la gran mayoría de los desempleados que reciben prestación lo hacen tras haber tributado y pagado las cuotas correspondientes a la Seguridad Social durante su etapa como empleados. Estos ciudadanos simplemente están recuperando una parte de su contribución al Estado y por lo tanto, en esos casos, la imposición de trabajos forzados es ilegítima al hacerles pagar de nuevo por un seguro cuya prima ya habían satisfecho.
Además, los desempleados que sean llamados a trabajar por su ayuntamiento no tendrán contrato de trabajo, y al dedicar su tiempo a las labores exigidas no podrán concentrar sus esfuerzos en conseguir trabajo ni en reciclarse para mejorar sus opciones laborales. Esto significa que se discrimina contra los desempleados elegidos para trabajar, mermando sus posibilidades de acceder a un verdadero puesto de trabajo. El Ejecutivo madrileño contribuye a generar una clase de parados inferior a las demás. Es absolutamente inadmisible que el gobierno regional imponga el trabajos forzosados a quienes no pueden permitirse dejar de cobrar las ayudas. Los desempleados que han pagado sus cuotas a la Seguridad Social cuando trabajaban deben recibir lo que se les prometió por esa cotización, y lo contrario es un craso incumplimiento del contrato existente entre cotizantes y administración. Pero dicho esto, es preciso sustituir el sistema colectivizado de previsión del desempleo e instaurar un sistema de cotización privada, transparente y competitiva que asegure a los desempleados.
En vez de atacar a los desempleados, si el gobierno de Ignacio González de verdad quiere generar empleo y productividad, debería centrarse en adoptar medidas liberales como la reducción drástica de impuestos a empresas e individuos, la eliminación de regulaciones obsoletas o la liberalización absoluta del mercado laboral, incluyendo la eliminación del salario mínimo interprofesional que hace incontratable a cualquier persona que no pueda producir por un valor mínimo de unos catorce mil euros anuales.
César Balmaseda, miembro de la Comisión Ejecutiva del P-LIB madrileño, ha declarado que “con esta medida, el gobierno regional se apodera de las mentes y los cuerpos de los desempleados, convirtiéndolos en meros medios para su fin —ese fin mal llamado “interés general”— en lugar de respetar al individuo por su valor intrínseco”. “Como siempre, el ataque a la libertad va acompañado de un ataque económico al contribuyente, pero el dinero donde mejor está es precisamente en el bolsillo del contribuyente y no en manos del Sr. González”.
