El Partido de la Libertad Individual (P-LIB), ante los claros indicios que apuntan a la financiación ilegal continuada del Partido Popular y de sus máximos dirigentes durante décadas, cuya más reciente prueba ha sido publicada hoy por el diario El Mundo, considera que, más allá de las responsabilidades personales que en su caso correspondan al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a otros miembros de la cúpula del PP, debe esclarecerse sin dilación la responsabilidad penal de la formación política como tal, de conformidad con las nuevas disposiciones del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El P-LIB, reiterando lo expuesto en su comunicado del pasado 9 de mayo, insta por tanto a la Fiscalía a actuar contra el Partido Popular como persona jurídica presuntamente incursa en graves responsabilidades penales que afectarían, como mínimo, a los arts. 302 y 305 a 310 del Código Penal. El P-LIB considera que, tras las últimas revelaciones, no puede quedar a la Fiscalía ni al juez instructor duda alguna respecto al carácter delictivo de la entidad Partido Popular, que incurre de lleno en la calificación que el Código Penal reformado establece para las personas jurídicas penalmente responsables. Por ello la instrucción del sumario habrá de orientarse a que, en caso de resultar culpable la organización de malhechores Partido Popular, sea condenada a la pena de disolución que establece el art. 33.7.b del Código Penal, o al menos a la pena de suspensión temporal de hasta cinco años.
El código establece tres parámetros para estas penas: su necesidad para evitar que continúe la actividad delictiva; que se justifique por sus efectos económicos y sociales; y que sea de alto nivel el ejecutivo que incumplió sus obligaciones de control. En cuanto al primero de los requisitos, parece evidente que el PP ha mantenido durante décadas una doble contabilidad, contraviniendo expresamente las disposiciones legales vigentes y eludiendo deliberadamente el control del Tribunal de Cuentas, y que esta arraigada práctica no se resuelve con la simple sustitución de un tesorero por otro, máxime cuando no se ha adoptado, ni por voluntad propia ni por orden judicial en el marco de la instrucción del caso Bárcenas, medida alguna que impida al PP reanudar con nuevos gerentes la actividad delicitiva generalizada que, presuntamente, ha venido protagonizando y que está claramente enraizada en la entidad. El segundo requisito queda sobradamente acreditado por la simple cuantía multimillonaria de los delitos cometidos de forma sistemática, organizada y prolongada año a año, con obvio conocimiento de la cúpula del partido, beneficiaria principal de la trama. El monto extremadamente alto de la fianza impuesta al ex tesorero así lo demuestra. A mayor abundamiento, resulta también evidente la alarma social que causa la constatación ciudadana de que uno de los principales partidos políticos del país era en realidad, presuntamente, la tapadera de una organización delictiva. Y el tercer parámetro se da también de forma evidente: no se trató jamás de delitos aislados cometidos por empleados de segundo nivel contra la voluntad de la dirección, sino que nos encontramos, presuntamente, ante todo un conjunto de delitos continuados, orquestados desde la más alta gerencia del partido político y por parte de cargos de confianza situados en la cima misma de la organización.
El P-LIB reitera su oposición a la figura absurda y antijurídica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de muy reciente introducción en nuestro Derecho, por entender que los delitos los cometen las personas y no las organizaciones. Pero, una vez que la figura existe, debe aplicarse por igual a todas las personas jurídicas, y parece ya evidente que el final probable del caso Bárcenas es la disolución del PP por ser una organización delictiva. Es muy probable que en los demás partidos políticos principales se den circunstancias muy similares, por lo que el P-LIB pide a la sociedad civil, a la Fiscalía y a los medios de comunicación la máxima vigilancia. Particular atención merecen, en este sentido, las ramificaciones del caso de los ERE andaluces en relación con el PSOE.
Por último, las pruebas aportadas ayer al juez Ruz por parte de Pedro J. Ramírez, que presuntamente demuestran que Mariano Rajoy Brey cobró ilegalmente sobresueldos del PP mientras era ministro, contra lo expresamente declarado por él hace unos meses, hacen exigible su comparecencia inmediata para aclarar sin sombra de duda esta cuestión o, de lo contrario, presentar su dimisión como presidente del gobierno.
