El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza frontalmente la nueva regulación del sistema cameral que ha anunciado el gobierno del PP. Coincidimos en la no reintroducción del pago obligatorio de las empresas, pero deploramos la pretensión del gobierno de obligar a las empresas a hacerse miembros de las cámaras de comercio, aunque por ahora sea sin coste. Esta pretensión viola flagrantemente el derecho de los empresarios a la libertad de asociación. A diferencia de los conservadores, los liberales luchamos contra el corporativismo y estamos en contra de todo carácter oficial de las cámaras de comercio.Es la misma posición que mantenemos respecto a las entidades de gestión de derechos y los colegios profesionales. Rechazamos de plano toda obligación de hacerse miembro de organismos corporativos para ejercer las actividades empresariales o profesionales correspondientes. La introducción de una Cámara de Comercio de España como cúspide del sistema cameral obligatorio es un arcaico despropósito que revela nuevamente la mentalidad organicista y estatista del Partido Popular.
La Secretaria de Acción Ciudadana del P-LIB, Roxana Nicula, ha declarado que «esta ley es un paso atrás que nos devuelve a la situación anterior, y va en la peor dirección posible ya que debilita el asociacionismo empresarial voluntario al reintroducir la adscripción obligatoria a las cámaras», denunciando que el gobierno «amenaza a todas las empresas con un refuerzo de las atribuciones y potestades de estas entidades, lo que complica la función empresarial y hace que las empresas deban estar pendientes de las cámaras, que hasta ahora les resultaban indiferentes y que a partir de ahora tendrán influencia y peso en sus decisiones». «Además —ha explicado—, mucho me temo que este sea el paso previo a la reintroducción del pago obligatorio a las cámaras». «La sociedad civil se articula mediante organizaciones voluntarias, y esta regulación va en la línea opuesta al fortalecer extraños estamentos teóricamente mixtos, compuestos por miembros privados pero constituidos como entes de derecho público», ha señalado Nicula, para quien «esta nueva regulación del sistema cameral recuerda al modelo estatal mussoliniano o la democracia orgánica del régimen anterior, y sólo sirve para reforzar a la casta que vive de gestionar esas instituciones privilegiadas, condicionando ilegítimamente el devenir del tejido empresarial y la acción particular de las empresas».
