El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, manifestando su más profundo escepticismo ante el texto presentado por el gobierno Rajoy. La cacareada reforma que se contiene en ese proyecto no es más que un parche políticamente incoherente, técnicamente confuso y deficiente y, para colmo, probablemente inconstitucional, que difícilmente alcanzará los objetivos que se propone y que se limitará a mantener —con leves retoques de cara a la galería— el modelo actual.
Una reforma confusa e ineficiente. La reforma propuesta es, en primer lugar, confusa e ineficiente. No es cierto que, como se ha cansado de repetir la propaganda gubernamental, esta reforma venga a acabar con las competencias impropias de los ayuntamientos (al contrario, el texto aprobado incluso reconoce expresamente esa aberración jurídica que constituye la existencia de competencias asumidas de hecho y al margen de cualquier previsión legal al respecto). Lo único que el proyecto de ley hace es establecer unos límites bastante laxos al ejercicio de dichas “competencias” por parte de los consistorios, cuya efectividad práctica será más que dudosa. Por otra parte, el Gobierno parece olvidar que la mayor parte de las competencias municipales no se atribuyen a través de la ley de bases de régimen local (que sólo define el sistema general de atribución de dichas competencias) sino a través de las distintas leyes sectoriales (generalmente, autonómicas) que son las que realmente configuran las concretas competencias de los municipios y que, sin duda, seguirán haciéndolo como hasta ahora (sin olvidar que la reforma no deroga las múltiples leyes ya existentes, que mantendrán su vigencia indefinidamente). Por otra parte, la redacción de muchos de los preceptos del proyecto es sumamente confusa, sin que queden claras cuestiones esenciales, como, por ejemplo, cuál ha de ser el procedimiento a seguir para que las diputaciones puedan asumir competencias municipales, ni con qué alcance y límites.
Una reforma incoherente y regresiva. La reforma es, además, políticamente incoherente y democráticamente regresiva, en la medida en que incrementa las competencias de las diputaciones, hasta el punto de permitirles asumir competencias municipales por decisión unilateral y ampliamente discrecional. El P-LIB, en principio, no se opone al refuerzo competencial de las diputaciones provinciales, que, al menos teóricamente, podría permitir gestionar determinadas competencias en el medio rural de un modo más coordinado y eficiente. A lo que nos oponemos es a que ese refuerzo competencial se lleve a cabo en tanto se mantenga el obsoleto régimen electoral provincial, en cuya virtud las diputaciones no son elegidas por los ciudadanos, sino, en la práctica, por los partidos mayoritarios. En este sentido, consideramos que si se considera conveniente potenciar a las administraciones provinciales para que gestionen asuntos locales, ello pasa, necesariamente, por una reforma electoral que convierta a las diputaciones en asambleas de elección directa por sistema proporcional, manteniendo, en todo caso, un cualificado derecho de participación de los ayuntamientos en la toma de decisiones fundamentales en cuanto a las obras o servicios que les afecten. En los términos en que se plantea esta reforma, lo que se está es abriendo la vía a que se produzca un vaciamiento de competencias de los municipios para entregárselas a corporaciones de elección indirecta que no representan adecuadamente la voluntad de los electores.
Una reforma de dudosa constitucionalidad. La reforma, es, además, probablemente inconstitucional, y pone de manifiesto el confuso diseño de nuestro sistema de organización territorial, que requiere, más pronto que tarde, una profunda reforma en clave federal que racionalice y simplifique el sistema, acerque realmente la toma de decisiones a los ciudadanos y permita un mayor control de éstos sobre las instituciones.
Sin perjuicio de reconocer algunos aciertos del proyecto de ley (como las medidas de redimensionamiento del sector público local, la introducción de limitaciones a las retribuciones de cargos electos y al nombramiento de personal de confianza, la introducción de mecanismos para garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, la obligación de publicar anualmente el coste efectivo de los servicios o la limitación de las facultades de los ayuntamientos para someter a autorización previa el ejercicio de actividades económicas; todas ellas, sin embargo, medidas tímidas e insuficientes), el P-LIB considera que la reforma será un fracaso más del actual Gobierno. No puede ser de otro modo, ya que no se trata más que de un parche, en cuya deficiente factura se advierten alarmantes signos de improvisación, que deja intacta la inmensa mayoría de las patologías del sistema.
El Vicepresidente primero del P-LIB, Francisco Cacharro, ha declarado que “los liberales creemos que la reforma administrativa debería ser mucho más profunda, y no limitarse exclusivamente al mundo local, sino extenderse también al Estado central y a las comunidades autónomas». «En concreto —ha señalado—, creemos que el problema no reside ni en la planta municipal ni en que los ayuntamientos tengan más o menos competencias, sino en el diseño de nuestras administraciones públicas, cuyo sistema de financiación y funcionamiento no es más que un conjunto de incentivos al despilfarro, la ineficiencia e, incluso, la corrupción». Por ello, ha argumentado el vicepresidente del P-LIB, «difícilmente cambiarán las cosas mientras esos perversos incentivos no desaparezcan”.
Medidas alternativas del P-LIB. En este sentido, Francisco Cacharro ha aclarado que “nuestra propuesta pasa por adoptar medidas de reforma que atajen de raíz esas patologías» y ha presentado las dos medidas esenciales que propone el P-LIB: en primer lugar «establecer un sistema de financiación acorde con los principios del federalismo fiscal, en el que cada administración se vea obligada a autofinanciarse con sus propios tributos, lo que permitirá a los ciudadanos controlar las decisiones de gasto que cada gobierno toma y percibir lo que realmente les cuestan esas decisiones, posibilitando de este modo detectar y castigar electoralmente el despilfarro y la ineficiencia»; y en segundo lugar, para racionalizar de veras el funcionamiento del sector público, «establecer topes legales más duros a la deuda y al déficit, abolir los anacrónicos privilegios económicos de las administraciones, como la inembargabilidad de sus bienes y derechos, y establecer mecanismos eficaces de transparencia y, sobre todo, de exigencia de responsabilidades por la gestión realizada”.
Además, el P-LIB es el único partido que promueve reformar la legislación para que los ayuntamientos y otras administraciones puedan quebrar de forma ordenada, como sucede en otros países. El perjuicio de unas pocas quiebras se ve sobradamente compensado por la sujeción de todos los demás administradores públicos al necesario rigor en el ejercicio de su gestión.
