El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) canario manifiesta su firme condena a la abusiva subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.), también llamado popularmente «la contribución». Los liberales canarios denunciamos el expolio fiscal al que nos somete la administración local. Si bien este año el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido congelar el I.B.I., otros muchos, como el de Santa Cruz de La Palma, siguen aplicando subidas anuales realmente confiscatorias. El caso de la capital palmera resulta particularmente escandaloso, y pese a ello el consistorio de esa ciudad prevé triplicar el impuesto en los próximos años.
El I.B.I. se calcula multiplicando el Valor Catastral (V) por el tipo de gravamen (G). El primero lo fija el Catastro (Ministerio de Hacienda) y se trata de un valor discrecional basado vagamente en el verdadero valor de mercado del inmueble. El segundo, lo fija a su criterio cada ayuntamiento entre un mínimo de 0,4% y un máximo de 1,1%. Esta horquilla, a su vez, se fija de forma arbitraria por la administración con fines meramente recaudatorios. Según esto, si V es bajo, basta con incrementar G lo suficiente para obtener una determinada recaudación, y esto es lo que hizo el Estado hasta 2008. A partir de 2009, ante la menor recaudación de los ayuntamientos, éstos solicitaron al Ministerio de Hacienda la «actualización» del Valor Catastral; de esta manera aumentaron V y mantuvieron G constante. El truco es muy simple: la administración sube uno de los dos factores según mejor convenga.
Los liberales canarios denunciamos como ejemplo de esta tendencia el caso de Santa Cruz de La Palma. En este municipio, en concreto, entre 2008 y 2009, el valor catastral de algunos inmuebles se multiplicó por tres y el ayuntamiento ha planeado triplicar el I.B.I. en un plazo de 10 años. Hasta la fecha (2013), en los últimos cinco años, el I.B.I. se ha duplicado (+118%) y lo previsible es que se triplique en 2018 (+230%). El P-LIB considera esto un atraco. Pero no nos dejemos confundir con cálculos arbitrarios: lo importante de un impuesto no es cómo se calcula la cuota ni tampoco si es directo o indirecto, lo relevante es la cantidad finalmente pagada. Y esas cantidades son abusivas.
En palabras de Ignacio García Medina, Coordinador General del P-LIB en Canarias, «al actuar de esta manera, el gobierno central y los ayuntamientos, en connivencia, expropian arbitraria e ilimitadamente a los ciudadanos según las necesidades financieras de las administraciones locales». «El Estado —ha declarado García Medina— considera que el dinero de los ciudadanos le pertenece, y les expropia mediante fórmulas engañosas lo que necesita, dejando que las familias se apañen con el resto para malvivir». El P-LIB propone que los ayuntamientos reduzcan funcionarios, vendan sus onerosos inmuebles, privaticen sus ruinosas empresas públicas, supriman sus vergonzosas dietas, eliminen su «personal de confianza» y renuncien a su corrupto clientelismo municipal. Pero los políticos locales no quieren hacerlo y, en su lugar, han decidido expoliar al ciudadano. Y por otra parte, frente al abuso de la administración central, el P-LIB propone reducir su tamaño, su gasto corriente y dejar en paz el bolsillo de las personas.
