El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) contempla con recelo las sugerencias, cada vez más intensas, que diversos partidos, organizaciones y personajes vienen realizando en la línea de recortar o incluso prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos. El P-LIB considera que ese sería el golpe definitivo al pluralismo político y a la libre constitución y funcionamiento de formaciones políticas. Estatalizar de forma total y exclusiva la financiación de los partidos culminaría la colonización estatal de la política, que dejaría de ser un campo de participación ciudadana para convertirse, aún más, en un coto cerrado del establishment. El P-LIB reitera su apuesta por la completa desestatalización de los partidos políticos, liberando enteramente su financiación para que cada formación política deba funcionar estrictamente con las aportaciones voluntarias privadas que realicen sus integrantes y las personas físicas o jurídicas que con ella simpaticen. Podemos aceptar que las donaciones de alta cuantía, si son realizadas por personas jurídicas, deban hacerse públicas para evitar que la opacidad ampare la compraventa de decisiones. Pero la lucha contra el cohecho y otras prácticas corruptas no puede justificar una medida tan liberticida como la prohibición de las donaciones.
Susana Díaz, nueva presidenta de la Junta de Andalucía, ha anunciado que solicitará a los grupos del parlamento andaluz que respalden una iniciativa legislativa en ese sentido, que posteriormente se trasladaría al Congreso de los Diputados. Con independencia de la concreción jurídica que finalmente pudiera adoptar la medida, y de su alcance (la ley orgánica de partidos y la ley orgánica sobre financiación de partidos es legislación básica del Estado, en desarrollo de la Constitución), las intenciones liberticidas de Díaz son evidentes y constituyen un intento furibundo y primario de agresión a los derechos y libertades políticas, comenzando por Andalucía. «Lo que Díaz debería instar con carácter inmediato es la prohibición de la financiación de los partidos con dinero público, que es una de las fuentes de la espiral de corrupción extrema, peligrosa y vergonzante en la que actualmente se hallan inmersos los partidos tradicionales«, ha señalado al respecto José Antonio Peña, Coordinador autonómico del P-LIB andaluz.
Esta medida, cuya constitucionalidad ofrece serias dudas, nos llevaría de cabeza a un sistema equivalente al de los regímenes de partido único, aunque maquillado con la aparente pluralidad de unas cuantas formaciones costeadas con el dinero de todos. El objetivo principal es atornillar en su posición a los partidos integrantes del establishment y expulsar del sistema político a los que no forman parte de él o rechazan, como el P-LIB, toda financiación procedente de dinero público, en un contexto de hostigamiento agudo a estos últimos a través de medidas como la reforma de la LOREG para aumentar el número de avales exigidos para la concurrencia electoral. La aparición de nuevos partidos y el funcionamiento de aquellos que carecen de representación se verían prácticamente imposibilitados, cerrando aún más el oligopolio inmoral y dirigista que hoy encauza de manera forzada nuestra política. Además, se incrementaría la exacción fiscal a los contribuyentes y se vulneraría flagrantemente el derecho inalienable que todos tenemos a donar libremente. Junto con las demás normas draconianas que ya restringen hasta límites difícilmente soportables la participación electoral, esta medida terminaría de transformar la democracia española en una vulgar farsa.
