El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) malagueño rechaza el gasto desproporcionado del Ayuntamiento de Málaga en un nuevo servicio de alquiler de bicicletas denominado Málaga Bici. Este servicio cuenta con una inversión municipal inicial de cinco millones de euros aproximadamente y un coste de mantenimiento de un millón de euros anuales, según han informado. Para ofrecerlo se han adquirido 400 bicicletas, 600 columnas de estacionamiento, 20 columnas informativas, un sistema para la gestión de datos y control del servicio y otro para el telediagnóstico remoto. También un teléfono de atención al usuario y otros muchos gastos. Entre estos, destaca una partida para la elaboración de estadísticas con el uso de estas bicicletas e instalaciones propias destinadas a este servicio en la ciudad. Todo junto cuesta oficialmente 5.002.897 euros, aunque todo indica que las cantidades podrían aumentar. El P-LIB rechaza este tipo de gastos y sobre todo en el actual marco de crisis económica. No estamos ante un servicio esencial obligatorio que deban prestar por ley las corporaciones locales, y no deja de ser una muestra más del despilfarro y de la falta de responsabilidad con que el equipo de gobierno despilfarra irresponsablemente el dinero que el contribuyente aporta a las arcas municipales, y que bien podría ser destinado a cubrir la elevada deuda que actualmente tiene el Ayuntamiento, saneando de esta forma las cuentas públicas, o en forma de ahorro que pudiera traducirse en una rebaja de impuestos a los ciudadanos.
José Ignacio Sánchez, Coordinador Provincial del P-LIB en Málaga ha declarado que «se produce un doble efecto pernicioso para la economía local, pues el Ayuntamiento pasa a invadir un espacio económico que bien podría ser ocupado por empresas privadas de alquiler de bicicletas de las que existen en la ciudad o que estuviesen interesadas en invertir aportando riqueza y puestos de trabajo, que de esta forma quedan desincentivadas a emprender al comprobar cómo el Ayuntamiento pasa a competir deslealmente con ellos, acabando probablemente con el cierre de muchas de ellas al no poder competir ni en costes ni en precios con la Administración Pública en condiciones de igualdad”.