El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) lamenta la puesta en libertad de más de cien criminales condenados por gravísimos delitos como consecuencia del reciente fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha anulado la llamada doctrina Parot. El P-LIB espera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la máxima diligencia en las tareas de vigilancia ante la posible comisión de delitos por estas personas, y pide que, en caso de producirse, caiga sobre ellas todo el peso de la ley. Consideramos justificada la alarma social y la tristeza e indignación ante las consecuencias del fallo.
Al mismo tiempo, los liberales somos consecuentes con nuestra apuesta por un Derecho racional y objetivo, basado en principios firmes que no pueden adaptarse a cada caso concreto. En toda la tradición jurídica occidental, incluida la nuestra, está absolutamente asentado el principio de irretroactividad de las reformas penales que empeoren la situación del reo, aunque el reo sea el más repugnante de los criminales, como sin duda es el caso. Se argumenta que en este caso estamos ante jurisprudencia y no ante las disposiciones legales en sí, pero el resultado jurídico es el mismo y por ello el TEDH ha dictado este fallo.
La Justicia se representa habitualmente con una venda en los ojos, y esa venda no debe caer jamás porque con ella caería la propia Justicia. La responsabilidad de lo sucedido no es del TEDH, que se ha limitado a aplicar de forma automática el ordenamiento jurídico existente, como no podría ser de otra manera. La responsabilidad es de la casta política española, que tardó décadas en reformar el Código Penal y el régimen de cómputo de los años de prisión, y que después intentó por la puerta de atrás —por la vía de la jurisprudencia— que su reforma surtiera efectos sobre casos ya juzgados, lo que constituye una aberración jurídica impropia de nuestro país e imposible de convalidar por ninguna corte internacional de justicia. La explicación de lo sucedido es sencilla: durante mucho tiempo, tras descartarse la opción del terrorismo de Estado, se negoció con la banda asesina ETA, y para esa negociación convenía un sistema moldeable respecto a los presos, que permitiera tratarles con mayor o menor dureza según marchara la negociación. Por ello se llegó al engendro jurídico de la doctrina ahora desmontada, que además puso de manifiesto la politización de nuestra Justicia.
El P-LIB recuerda que el TEDH forma parte del sistema judicial español, y considera que el gobierno no tiene más opción que acatar la sentencia, si bien debe tomar todas las precauciones necesarias, así como emplear los mecanismos jurídicos a su alcance para atrasar los procesos tanto como legalmente resulte posible. El P-LIB expresa una vez más su más profunda solidaridad con todas las víctimas tanto de los terroristas como de los demás criminales.
