El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) alicantino contempla con incredulidad las consecuencias de la intromisión de la administración local de Benidorm en la vida cotidiana de los ciudadanos. Debido a una petición del Consejo Vecinal, este verano se conoció la situación del establecimiento de comida rápida sito en la calle Jaime I. La parcela fue cedida por sus propietarios al patrimonio municipal en 1997, reservándose el usufructo por diez años. Un año después se abrió el restaurante Burger King. En el año 2008 el ayuntamiento debería haber asumido la propiedad del local, pero no hizo nada y el empresario siguió con su actividad sin pagar alquiler. Ahora el alcalde, Agustín Navarro, declara que debe cesar la actividad y buscar otro local. Partidos como UPyD han pedido una comisión de investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo desde el P-LIB no creemos que esa sea la solución. Pedro Romero, Coordinador Provincial del P-LIB en Alicante, ha declarado que “más funcionarios dedicando más tiempo y recursos al tema no van a solucionar nada”.
En primer lugar, no está justificado que un ayuntamiento sea propietario de fincas, cuya explotación será siempre más eficiente en manos de los ciudadanos, máxime cuando ni siquiera están destinadas a albergar el consistorio o algún otro edificio dedicado al desarrollo de la actividad de los funcionarios municipales. El ayuntamiento debería haber rechazado hacerse cargo del inmueble desde el primer momento. Según Romero, “la labor del ayuntamiento no es acumular propiedades ni gestionarlas, y además ha demostrado por activa y por pasiva que, cuando lo intenta, lo único que genera son problemas”.
En segundo lugar, si se acepta la cesión del inmueble, se debería gestionar la propiedad del mismo sin demoras y tratando de ocasionarle el menor perjuicio posible al ciudadano, tanto en lo económico como en lo que afecta a la comodidad de los vecinos. El ayuntamiento debía haber ejecutado el fin del usufructo del local tan pronto como éste tuvo lugar, pero la inactividad de nuestros gobernantes ha provocado un conflicto innecesario en el que se perjudica tanto al empresario como a sus trabajadores sin que ello signifique una ventaja para los vecinos. Este caso pone de manifiesto muchos de los problemas de los que adolece nuestro actual sistema colectivista, tanto a nivel nacional y autonómico, como local.
El P-LIB alicantino considera que, llegados a este punto, la mejor solución sería la venta del local ofreciendo preferencia en la compra al empresario que actualmente lo explota. La opción de construir un parque o una zona de juegos está muy bien, pero debería ser costeado por los vecinos de la zona si eso es lo que desean que se haga. Además el ayuntamiento ha demostrado sobradamente su incompetencia en la gestión, lo que debería escarmentar a los ciudadanos a la hora de poner en sus manos la construcción del mismo.
Por si fuera poco, la situación económica desaconseja por completo forzar la parada de un negocio que parece funcionar bien y que da trabajo a veinte personas. El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha manifestado que al empresario se le garantizará diligencia en la concesión de licencias, cosa que por otra parte, debería ser lo habitual.
Según Pedro Romero “el alcalde muestra poca empatía con los emprendedores al menospreciar los gastos que supone trasladar un negocio que está funcionando perfectamente. Está tan imbuido de estatismo que equipara las licencias municipales con la legitimidad o la justicia, cuando todos sabemos que éstas solo se emplean para recaudar fondos que después son malgastados por los gobernantes o proteger de la competencia a amigos empresarios”.
