El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) se opone drásticamente a la implementación de la nueva normativa municipal sobre la tasa de basuras, que afecta a locales comerciales y ha sido impuesta por el gobernante Partido Popular en la capital sevillana. Hasta ahora se tasaba previa petición de adherencia al plan de recogida de residuos urbanos por parte de los negocios en uso. Con esta norma, se tasará según los datos catastrales y no según los mercantiles, por lo que cualquier local comercial vacío y sin uso deberá pagar una cuota trimestral que oscilará entre los 24 y los 195 euros, lo que supondría una cifra anual de entre 96 y 1.245 euros.
El Coordinador Provincial del P-LIB en Sevilla, Miguel López González-Vallarino considera que «estamos ante un auténtico tasazo, una medida puramente recaudatoria que no hará más que aumentar la presión fiscal cebándose con las empresas y autónomos que se han visto obligados a paralizar sus negocios, aumentando así sus costes fijos mientras siguen siendo nulos sus ingresos». «El impuesto sobre la recogida de residuos se fundamenta en el servicio que se presta a los establecimientos que originan residuos, por lo que no tiene sentido obligar a pagar la tasa a quienes no generan tales residuos«, ha concluido.
El P-LIB considera demagógica y oportunista la actitud de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, que ha respondido a las acusaciones de la oposición calificando la nueva reforma como “lucha contra el fraude”, y ha llegado a afirmar que con la nueva propuesta no se cambiará la recaudación sino su «criterio de gestión», quedando un aumento de recaudación supeditado únicamente a la «reducción del pillaje de algunos dueños de establecimientos». Esto esto rotundamente falso: la recaudación aumentará al afectar la tasa a todos los establecimientos declarados de uso mercantil, lo que llevará a muchos propietarios a cambiar a la desesperada la finalidad oficial del local, de comercial a vivienda, provocando el aumento del llamado fraude en caso de reapertura del negocio si no se modifica de nuevo su calificación, o el aumento de trabas burocráticas y costes en caso de cumplir con ese trámite.
