El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) de Andalucía denuncia la peligrosa deriva del gobierno andaluz, que parece empeñado en cruzar el Rubicón hacia el «socialismo real». La Junta de Andalucía se ha permitido hoy el lujo de comenzar a fijar los «mínimos vitales» de consumo de agua y electricidad por unidad familiar (se salva por ahora el gas natural), que serán de cien litros diarios de agua (tres mil mensuales) y 2.519 kilowatios anuales. El P-LIB rechaza esta medida extremadamente intervencionista. El gobierno andaluz ha comenzado a difundir propaganda asegurando que la administración correrá con este gasto. Dice que lo hará en el caso de las familias andaluzas perceptoras del denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), que supone el 62-100% del fatídico Salario Mínimo Interprofesional. Cualquiera de los posibles desenlaces de este anuncio será pésimo. Si es sólo propaganda, se habrá engañado nuevamente a las familias más desfavorecidas (que son legión en Andalucía) con promesas que, aún implementándose realmente, no mejorarán su situación. Pero, si realmente se implementan, será a costa de mantener en la pobreza extrema a las propias familias perceptoras del IMS, de mantener en la pobreza relativa a otra buena parte de los andaluces, y de ir empobreciendo cada vez más a los propios pobres y a los que, con ésta y otras medidas, van camino de serlo.
El Coordinador del P-LIB en Andalucía, José Antonio Peña, ha denunciado hoy en Sevilla “los intentos deliberados y desesperados del régimen sociocomunista andaluz de mantener a muchos andaluces en la pobreza y, además, engañados y manipulables electoralmente”. “El régimen, primero te mantiene adrede en la pobreza, o directamente te empobrece, expoliando fiscalmente a todos los ciudadanos, incluidos por supuesto los más pobres; luego, con el dinero expoliado asegura que él pagará el agua y parte de la luz que según él tú necesitas; finalmente, o bien te está mintiendo deliberadamente, o bien sube aún más los impuestos y tasas a todos, incluidos por supuesto los más desfavorecidos, y así los que menos recursos tienen se costean los unos a los otros el agua y la luz, mientras se persigue al que aún no es pobre del todo por el hecho de no serlo y se le afea el que tenga más recursos”. «Todo ello, por supuesto, ocurre sin que el régimen reconozca su responsabilidad directa y su interés en la existencia de amplias bolsas de pobreza en Andalucía, dependientes del poder político, y manipulables en términos electorales”, ha concluido Peña.
