El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) recibe con estupor e indignación el nuevo estacazo a la independencia judicial por parte del gobierno popular. El Partido Popular pretende atar en corto la instrucción de los casos de delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción, controlando la designación de los peritos judiciales. Estos expertos, esenciales en la investigación y resolución de los casos de incumplimiento de la normativa fiscal, no deberían ser escogidos por otras personas sino por sorteo para evitar cualquier sospecha de control o favoritismo por parte del poder político o de las administraciones públicas.
La nueva instrucción 2/2013 de 4 de octubre, enviada por la Agencia Tributaria a los directores de departamentos de la institución, les informa que a partir de ese momento será el propio director de la Agencia Tributaria quien decida qué peritos serán asignados a este tipo de casos. Los liberales recordamos a la ciudadanía que el director de la Agencia Tributaria es un cargo político, nombrado por el gobierno, y que inevitablemente se debe a quien le nombra. A todas luces estamos ante una vuelta de tuerca más al proceso de blindaje de la casta política frente a los procesos judiciales que la afectan. Y no solo eso, sino que además el gobierno podrá espolear la acción judicial contra aquellos ciudadanos a quienes considere oportuno, dado que a partir de ahora podrá teledirigir la investigación de los peritos.
El P-LIB está cada vez más preocupado por la acelerada involución de nuestro país en el ámbito de la justicia y por la ola de medidas liberticidas impulsadas por el Partido Popular haciendo uso de una mayoría absoluta obtenida mediante el engaño masivo a una buena parte de sus propios votantes.
El precedente generado con esta instrucción, que permitirá al gobierno controlar cómo se preparan las pruebas en los casos de corrupción, es peligrosísimo. En palabras de Roxana Nicula, Secretaria de Acción Ciudadana del P-LIB, “si los ciudadanos ya no nos sentíamos jurídicamente seguros, a partir de ahora estaremos a merced de los políticos» porque «esta instrucción es un despropósito anti-jurídico”. “La politización de Hacienda permitirá fácilmente ocultar o manipular los casos de corrupción para proteger a políticos o, peor aún, inventar casos para acabar con las personas más molestas para la casta política o para el partido gobernante en cada momento”, ha concluido.
