El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) valenciano manifiesta su acuerdo con la decisión judicial de reabrir el caso Metro Valencia. Ocho años después del trágico accidente todavía tenemos 47 heridos y las familias de 43 víctimas mortales esperando a que de verdad se haga justicia. El accidente fue un ejemplo de cómo la supuesta división de poderes es ficticia. La actuación de la juez Nieves Molina y su negativa a nuevas pesquisas a tenor de la información que desvelaron los medios de comunicación privados, hacen sospechar de la intención de ocultar aspectos clave de la tragedia. Así, hemos conocido que la consultora HM & Sanchís fue contratada a dedo por la ex gerente de Metro Valencia, Marisa García, con el único objetivo de aleccionar a quienes iban a comparecer en la comisión de investigación parlamentaria. La base de su asesoramiento se recoge en un documento titulado “Reflexiones para la comparecencia en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas”.
Con todo, no sólo asistimos a una injerencia política en el ámbito judicial, sino que paralelamente fue orquestada una campaña de silencio en los medios de comunicación. Flagrante y doloso es el caso de RTVV, sometida a la Generalitat, que durante estos años ha procurado diluir el suceso de forma descarada, tal y como sus ex trabajadores han confirmado una vez cerrada la cadena.
El Programa Político del Partido de la Libertad Individual (P-LIB), en su apartado sexto, recoge la apuesta por una separación real de poderes, que constituye una garantía fundamental para evitar abusos y arbitrariedades. En este sentido, Emilio Pérez, miembro de la Ejecutiva valenciana del P-LIB, ha afirmado que «los liberales creemos que la Justicia es un principio básico en un marco de convivencia cívica y voluntaria”.
A propósito de la administración de Justicia, el programa liberal aborda la necesidad de acabar con una fiscalía sometida al Ejecutivo y con una carrera judicial que reserva los altos puestos a personas escogidas mediante pactos entre las fuerzas políticas, siendo claro ejemplo de ello la reciente designación del CGPJ. Sin lugar a dudas, sólo una Justicia realmente autónoma será justa, y de esta forma beneficiosa para todos. “Los liberales apostamos por una separación efectiva de los poderes, dando al Judicial la independencia necesaria para su correcto funcionamiento», ha señalado Francesc Roig, Coordinador General del P-LIB en la Comunidad Valencia, añadiendo que «las administraciones públicas deben disminuir su peso para dar paso a la sociedad civil, eliminando toda influencia estatal sobre la Justicia o sobre los medios de comunicación, no sólo los públicos sino también los privados, fuertemente condicionados hoy por la publicidad institucional y por la de grandes empresas próximas al poder Ejecutivo». «Sólo de esta forma tendremos unos medios de comunicación completamente libres y no financiados de forma directa o indirecta por el poder político», ha concluido.
