El Partido Libertario (P-LIB) celebra la previsible oposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC) del ministro Jorge Fernández Díaz. Según ha trascendido, el informe que llevarán a pleno los jueces Olea y Cinto recoge infinidad de incompatibilidades de esta ley con la Constitución, al vulnerar la más elemental protección de los derechos civiles del individuo y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Precisamente, las instituciones comunitarias han advertido también a España sobre esta ley. Las incoherencias del proyecto legislativo con algunas de las directivas más importantes en materia de derechos individuales han hecho saltar las alarmas en Bruselas.
El P-LIB, que ya manifestó su oposición frontal a esta ley al conocerse su contenido el pasado mes de noviembre, considera prioritario denunciar por todos los medios posibles que el gobierno del Partido Popular pretende un recorte sin precedentes de los derechos y libertades esenciales e inalienables de los ciudadanos. No estamos ante una ley para proteger la seguridad ciudadana, sino ante una ley que protege al Estado de los ciudadanos. Las competencias que el anteproyecto concede al poder ejecutivo vulneran muy gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva. La utilización del cacheo como sanción es sólo uno de los múltiples mecanismos por los que se dota a las fuerzas policiales de atribuciones excesivas, destinadas a amedrentar y a evitar el ejercicio de derechos civiles y políticos básicos. Roxana Nicula, Secretaria de Acción Ciudadana del P-LIB, ha declarado hoy que «la extrema desproporción entre los hechos que se considera objeto de sanción y la cuantía económica de la misma, o entre la disminución de los derechos y el incremento de la potestad estatal, resulta absolutamente intolerable para los libertarios». «Con esta ley, el PP apuesta claramente por el ordeno y mando para desactivar la sociedad dócil», ha señalado, añadiendo que «además, el anteproyecto pretende «colar» cuestiones que nada tienen que ver con la seguridad, como la obsesiva protección de los símbolos estatales (tanto generales como autonómicos) frente al «ultraje» de los ciudadanos, demostrando una vez más que a los conservadores les importan más los símbolos que las personas«.
El P-LIB pide la retirada del anteproyecto de ley y la sustitución del ministro Fernández Díaz, cuya vocación controladora y liberticida es propia de quien anhela un Estado policial, e incompatible por tanto con la función que desempeña como ministro del Interior de una sociedad libre.
