El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) mallorquín comparte la preocupación expresada por los grupos políticos con representación municipal en el Ayuntamiento de Palma en relación con el segmento de población que no puede acceder a la vivienda, coincidiendo con la existencia de un gran parque de pisos vacíos. Carlos Cabeza, Coordinador Insular del P-LIB en Mallorca, ha afirmado que «compartiendo ese interés humanitario, discrepamos absolutamente de las soluciones coercitivas» que han surgido en uno de los últimos plenos del consistorio palmesano.Cabeza afirma que «los liberales rechazamos que se multe a los propietarios de viviendas vacías o se adopte medidas coercitivas para forzarles a ponerlas en alquiler» porque «esto no es sólo un ataque al derecho a la propiedad privada que consagra nuestra Constitución, ni a la libertad de empresa o al principio de igualdad ante la ley: es, sobre todo, un ataque a nuestra forma de vida», ha añadido.
El P-LIB no cree que los derechos establecidos por nuestra carta magna deban entenderse como obligaciones de los demás ciudadanos. Obligar a alquilar es una forma de expropiar parcialmente, haciéndolo, además, sin respetar las leyes que regulan los procedimientos de expropiación. Se trata, por lo tanto, de una forma de expolio que resulta impropia de países civilizados. El P-LIB recuerda que el rescate bancario y la creación del banco malo, a los que PP y PSOE han dedicado decenas de miles de millones de euros del contribuyente, han obstaculizado el necesario ajuste en los precios inmobiliarios tras el pinchazo de la burbuja, impidiendo el funcionamiento normal del mercado y la afloración de inmuebles en oferta de alquiler.
Para Carlos Cabeza, «frente a las propuestas expoliadoras que en mayor o menor medida comparten los partidos del consistorio de Palma, los liberales entendemos que son los bancos quienes deben adaptar sus activos inmobiliarios a su valor real, y que si esto no ocurre es porque las administraciones públicas les protegen, a costa de todos, frente a su pérdida de valor». «También es necesario acometer rebajas fiscales y proteger jurídicamente a los propietarios para que, sin incertidumbres, se decidan a poner voluntariamente sus pisos en el mercado de alquiler», ha señalado. El dirigente liberal advierte contra las «medidas recaudatorias y populistas, propias de repúblicas bananeras, que perjudican a la sociedad en su conjunto al menoscabar la seguridad jurídica, al ahuyentar inversiones y al empobrecer a los contribuyentes, sobre todo a los que disponen de menos medios, como siempre». «Dado que muchas de las viviendas que se reclaman para alquiler social proceden de desahucios y requieren una adecuación, ésta se hará nuevamente a costa del contribuyente y en beneficio de los bancos, que son sus actuales propietarios», ha denunciado Carlos Cabeza.
