El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) rechaza el anuncio realizado por la viceconsejera de turismo de la Comunidad de Madrid, Carmen González, de un nuevo decreto por el que se regulará el alquiler vacacional de viviendas de particulares. Esta nueva ley afectará a cerca de ocho mil viviendas. Con la excusa de proteger los derechos del usuario, la nueva norma velará sobre todo por los intereses de la industria hotelera, el principal lobby beneficiario de esta ley. Las viviendas destinadas a uso vacacional deberán tener una placa acreditativa que expedirá la administración. Además, no se podrán alquilar habitaciones de modo aislado o separado, sino solamente la vivienda entera. El P-LIB no comparte el argumento que esgrime la Comunidad, la llamada «competencia desleal». Los liberales denunciamos que lo que se intenta es expulsar de la legítima competencia a las habitaciones sueltas como unidades de alquiler vacacional. De hecho, es contradictorio que pueda alquilarse una habitación por meses pero no por días. En su conjunto, el texto legal es un despropósito jurídico que atenta contra la libre competencia y viene a restringir más aún el derecho de propiedad, el libre disfrute y uso comercial de la misma, y la libertad de consumo. Adolfo Lozano, Coordinador General del P-LIB en la Comunidad de Madrid, ha declarado que “de nuevo la manida excusa de los derechos del consumidor se emplea precisamente para vulnerar esos mismos derechos al restringir arbitrariamente la oferta». «Es inaudito que las viviendas tengan que tener wifi o climatización, caja fuerte o ascensor como requisito mínimo, y lo más grotesco e irrisorio es que nos vendan esto como una medida creadora de empleo, cuando va a dejar fuera del mercado a miles de viviendas que no cumplen con estas medidas», ha señalado, para preguntarse a continuación «quién es el Gobierno para decidir lo que le gusta al usuario o no, si desea ascensor o no, o necesita caja fuerte, etcétera». «Como siempre sucede con estas medidas intervencionistas, se acaba perjudicando al consumidor al aumentar los costes, empezando por los burocráticos, y los precios», ha añadido Lozano, denunciando que «aunque el gobierno regional dice que esta medida se adopta para equilibrar esta oferta con la de la industria hotelera, obviamente nunca ha pensado en equilibrarles en libertad y no en trabas, desregulando la industria hotelera en vez de sobrerregular la legítima actividad particular de alquiler de inmuebles propios».
