El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) canario observa con preocupación que, tras los seis meses transcurridos desde su publicación en el BOE, las medidas de simplificación de los trámites aduaneros se han quedado en una simple declaración de intenciones sin repercusión positiva alguna, a pesar de su pretendida intención de facilitar el comercio en las Islas Canarias. Incluso la supresión del código de Agente de Aduanas de la casilla 14 del DUA, prevista para hoy, nos parece insuficiente para mejorar el comercio en el archipiélago, por lo que seguimos denunciando el perjuicio que ocasiona a los canarios ser la única región europea con aduana.
La inoperancia de la Ventanilla Única para el Comercio Exterior en Canarias (VEXCAN), los gastos añadidos, la burocracia apenas reducida, el tiempo perdido en los trámites y, en general, el maltrato por el mero hecho de vivir en las Islas Canarias, se suman al hecho de que esta medida se haya anunciado y vendido como una mejora sustancial, cuando no deja de ser un mero retoque cosmético, un despropósito contra el que el P-LIB continuará luchando. Seguiremos pidiendo su abolición o, cuando menos, una simplificación real y efectiva con una reducción —al mínimo legalmente posible— de este coste que pesa sobre los proyectos de los canarios.
Las propuestas del P-LIB en este sentido son claras. Correos está en su derecho de cobrar por factaje, es decir por retención en el almacén, y por todos los servicios adicionales que quiera, pero no se puede privar a los ciudadanos de las plataformas electrónicas necesarias para autoliquidar de manera sencilla las cantidades que, en todo caso, deben reducirse al mínimo legal. También ha de permitirse realizar los trámites oportunos sin la intervención obligada de terceros, de manera que el proceso no se vea encarecido artificialmente por el mero hecho de vivir en Canarias. En declaraciones de Ignacio García, Coordinador General del P-LIB en Canarias, “se debe impulsar de manera decisiva la supresión de la Aduana Canaria, que supone una discriminación para los canarios con respecto a la Península y al resto de Europa y es uno de los mayores escollos para el progreso y el desarrollo del Archipiélago». Ese escollo se manifiesta, según García, «especialmente en el comercio electrónico, vagón al cual el Gobierno se empeña en impedir que se suba Canarias, y para ello se vale de medidas e instituciones totalmente anticuadas y obsoletas, como la Aduana Canaria».
