El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su oposición a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que promueve el gobierno del Partido Popular, y que ha provocado un más que justificado rechazo entre los profesionales del Derecho, incluyendo, pese a su forma de designación, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El informe remitido por este órgano al Ejecutivo es francamente preocupante. El P-LIB coincide en entender completamente inconstitucional el borrador que ha elaborado el gobierno de Mariano Rajoy, y en rechazar frontalmente la pretensión gubernamental de reducir la protección judicial del secreto de las comunicaciones. Si el texto propuesto llega a ser aprobado, el poder ejecutivo podrá ordenar en muchos casos la intervención de las comunicaciones sin obtener orden judicial previa, lo que dejará en situación de desamparo a las personas afectadas. Además, podrá extenderse la intervención de las comunicaciones privadas hasta por dos años, lo que ha motivado una crítica fundada del CGPJ. El P-LIB considera imprescindible que toda privación administrativa o policial de los derechos civiles y políticos y de las libertades públicas de un ciudadano sea temporal, esté tutelada judicialmente y cuente con todas las garantías jurídicas propias de un Estado de Derecho. El Secretario General del P-LIB, Daniel Martínez, ha manifestado hoy que «nos parece muy preocupante la tendencia de los últimos tiempos al recorte de la protección jurídica frente a la acción arbitraria del poder ejecutivo«, y ha asegurado que «la inseguridad jurídica crece porque cada día se controla más a los ciudadanos y menos al Estado«.
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ESTADO DE «SITUACIÓN DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL». Hoy aparecen también en algunos medios noticias sobre la posible instauración del llamado estado de «situación de interés para la seguridad nacional», previo a los estados constitucionales de alarma y excepción, y que podría ser declarado por el presidente del gobierno sin contar con autorización parlamentaria y hasta sin decisión del propio Consejo de Ministros. Ese estado, recogido en el anteproyecto de ley orgánica de Seguridad Nacional que inicia su tramitación parlamentaria, y siempre según los medios de comunicación, permitiría al Ejecutivo requisar bienes privados para ponerlos al servicio de los intereses que estimara oportunos, además de disponer del personal de cualquier administración pública y otras medidas excepcionales. El P-LIB seguirá con interés esta cuestión.
