El Partido Libertario (P-LIB) rechaza contundentemente la iniciativa de la Patronal, Sindicatos y de algunas asociaciones de consumidores, que pretende regular las gasolineras para obligar a todas las estaciones de servicio a tener, al menos, un empleado en las horas de apertura, prohibiendo así las gasolineras low cost (automáticas), opción que precisamente beneficia a los consumidores más pobres que necesitan este producto. Lo que ya es una realidad en Navarra (donde está prohibido), Andalucía (dónde obligan a tener personal de día), Castilla La-Mancha (donde se obliga a que haya personal las 24 horas) y Aragón (dónde se ha prohibido desde este mes de enero), y donde está a punto de serlo, Baleares y Asturias, no solo no debe serlo en éstas y en el resto de comunidades que no han iniciado la tramitación de este tipo de regulación, sino que debe eliminarse en las que ya está implantado para permitir a todos el acceso a combustible más barato, en torno al 10%-15% de media, y dedicar a los trabajadores a otras tareas que a día de hoy no están siendo realizadas o a negocios que no se han podido lanzar.
Rubén Sandamil, miembro del Comité Ejecutivo Federal del P-LIB, nos explica que “Los argumentos de la Patronal, de los sindicatos y de algunas asociaciones de consumidores, a saber: recorte de los puestos de trabajo, riesgos potenciales de seguridad e impedimentos para las personas con algún tipo de discapacidad, son un pretexto para eliminar los nuevos formatos de gasolinera más eficientes que las empresas actuales que dominan el mercado” y aclara que “los puestos que dejen de existir en las gasolineras se crearán en otros ámbitos de la economía. Por ejemplo, serán necesarios nuevos trabajadores en otras industrias que vean aumentadas sus ventas porque los clientes dispongan de más dinero para adquirir los productos y servicios que necesitan o, alternativamente, en las nuevas empresas que surjan de las inversiones que se realicen con el ahorro adicional resultante de la mejora de eficiencia que representan estos nuevos formatos. Este tipo de innovaciones permiten que, con el mismo número de trabajadores y los mismos recursos económicos, mejore el nivel de vida de la sociedad en su conjunto y, especialmente, para aquellas personas más pobres para las que el coste de la gasolina es, en proporción a su renta, más significativo”, concluyendo que “a los únicos que pueden beneficiar estas medidas son a los empresarios de la casta actual, las grandes corporaciones distribuidoras de combustibles privilegiadas por el gobierno estatal y autonómico, que no pueden competir con los formatos más eficientes en igualdad de condiciones. Por otro lado, los sindicatos demuestran una vez más que desconocen lo más esencial de la economía, analizando un sector sin fijarse en los demás y considerando solo el corto plazo, olvidando el medio y el largo plazo en el que este tipo de innovaciones se demuestran esenciales para la mejora de la calidad de vida. Flaco favor hacen las asociaciones de consumidores a los consumidores obviando los verdaderos efectos de las innovaciones que abaratan los productos, especialmente aquellos como la gasolina que impregna todos los demás sectores abaratando sus costes, permitiendo mejorar la competitividad de toda la economía en general.”
Los libertarios del P-LIB defendemos la libre empresa y el libre comercio, que permiten que surjan innovaciones que mejoran el nivel de vida de todos, especialmente de los más pobres que ven abaratados los productos esenciales y que encuentran mejores oportunidades para ganarse la vida. Utilizar el argumento de la seguridad, o peor aún, de la dificultad para realizar inspecciones de imprevisto, para proteger a una casta empresarial ineficiente y privilegiada, es inaceptable, más aún cuando este formato de gasolinera funciona desde hace años en países nórdicos como Noruega donde representa en torno al 50% de la red de gasolineras.
Es ya una realidad que existen alternativas al control estatal que garantizan la calidad y seguridad de las instalaciones industriales y comerciales (certificaciones, estándares de construcción y mantenimiento, etc.) que hacen innecesaria la participación del Estado y que dotan al cliente de un criterio para escoger dónde comprar. Ninguna empresa, en un Estado de Derecho con responsabilidad civil, mercantil y penal, se plantea hacer frente a una ruina absoluta, o a la cárcel para sus administradores, por un accidente en sus establecimientos, ni ninguna empresa aseguradora aseguraría su actividad empresarial si no cumple unos estándares de seguridad de confianza. El interés propio, sin necesidad de coacción, ya garantiza la existencia de estos niveles de seguridad. Algo similar ocurre con la accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad, que además de ser solucionable con un estándar de diseño que los clientes pueden exigir a sus proveedores de gasolina organizados en asociaciones de consumidores, en realidad sería la imagen de la empresa que no cumpliese este estándar la que saldría dañada, lo que supondría un incentivo para adaptar sus establecimientos para poder atender a clientes con discapacidad que deseen repostar.
