El Partido Libertario (P-LIB) se muestra poco sorprendido ante las cifras que aporta el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en referencia al proyecto de rehabilitación del casco histórico de Navalcarnero, que tuvo un sobrecoste de más del 1.860%, pasando de costar 586.000 euros a costar 11,5 millones de euros. Además, sufrió múltiples retrasos en su fecha de finalización sin que el ayuntamiento se molestase en pedir compensaciones a la adjudicataria. La IGAE denuncia la inexistencia de controles por parte de la interventora municipal, calificando las cifras presupuestarias de 2012 de “irreales” y denunciando varios quebrantamientos de la ley por parte del alcalde. El P-LIB coincide con que las cifras presupuestarias son “irreales”. Los municipios se han convertido en feudos particulares para los caprichos de unos pocos a cargo del contribuyente.
Los libertarios vemos por doquier la corrupción municipal de manera continuada, ya sea con gastos poco claros o con el uso de los consistorios como agencias de colocación para enchufados. El Partido Libertario propone un cese de funciones por parte de entes locales que claramente no rinden cuentas a nadie, devolviendo gran parte de dichas funciones municipales a los ciudadanos. Esta devolución es la única garantía para acabar con esa lacra que es la corrupción local, que no por abarcar menos territorio es menor la cuantía de la corrupción.
“Esta total ausencia de control, por parte de las Administraciones Publicas, es el germen de los despilfarros.” Ha declarado Héctor Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva de Madrid. Y continúa “Hoy es Navalcarnero, pero diariamente vemos noticias del saqueo continuo producido por los políticos locales, siendo al final los indefensos contribuyentes los que acaban pagando los vicios y malas prácticas de tales políticos.” A lo que añade Muñoz “Esta situación agobiante se traduce en un déficit escandaloso y en un doble castigo a los proveedores de los ayuntamientos que ven difícil poder cobrar sus facturas. Debemos exigir austeridad y sentido común a nuestros gobiernos de cualquier nivel, bien sea municipal, regional o central.” Concluyendo el miembro de la ejecutiva madrileña que “La salida de la crisis no pasa por la vieja casta o los nuevos hombres que claman contra ésta, pasa por dar una mayor libertad y tender a minimizar las funciones de los ayuntamientos, devolviendo a los ciudadanos esas funciones usurpadas por los políticos”.
