El Partido Libertario (P-LIB) desea reiterar su rechazo, ante los problemas económicos de la Ciudad de la Luz y la Ciudad del Cine, a la intervención del Estado en todos los sectores de la economía, y especialmente a realizar aventuras empresariales como montar un estudio de cine. Tras múltiples sobrecostes, mala gestión, sentencias condenatorias por las irregularidades cometidas y suspensión de pagos, la situación del complejo ha llegado a un punto crítico. La Ciudad de la Luz es uno más a sumar a los innumerables fiascos de la inversión y gestión pública, a los que por desgracia estamos demasiado acostumbrados. Ahora la misma injerencia política la estamos viendo en el papel que está jugando el ayuntamiento de Alicante respecto el establecimiento del complejo comercial de Ikea. Ante la iniciativa de esta empresa de establecer un centro comercial en el término municipal de Alicante, la postura del gobierno local no es otra que la de pretender imponer los criterios por los que se debe regir el futuro complejo. Aunque el ayuntamiento está dispuesto a aceptar la presencia de Ikea, también quiere imponer el tamaño que debe tener el complejo comercial en su conjunto.
El P-LIB considera que si los políticos quieren ayudar a este tipo de iniciativas, la mejor forma de hacerlo es no siendo parte del problema, eliminando los impuestos y barreras a los emprendedores e inversores. Es por todo ello que los libertarios defendemos y llevaremos a cabo una reforma para que los políticos y los burócratas no sean un problema y una barrera para la prosperidad, tanto en Alicante como en el resto de España, de tal manera que los políticos no tengan como hasta ahora el tremendo poder discrecional que tienen para condicionar la actividad económica y social de su entorno.
Para Pelegrí Gallart, candidato a la alcaldía de Alicante por el P-LIB «El Ayuntamiento no debería realizar funciones que no le son propias, como crear estudios de cine, ni poner barreras a la prosperidad, como en el caso de Ikea.” A lo que añade que “estos proyectos deberían ser llevados a cabo por la iniciativa privada. Porque cuando un político invierte en estos proyectos faraónicos, lo hace con el dinero de los demás y con criterios subjetivos y partidistas, y todos pagamos las consecuencias de sus fracasos.” Y concluye Gallart “En el sector privado los inversores tienen más cuidado con sus proyectos, y si fracasan no pagamos el resto de los ciudadanos las consecuencias.»
