El Partido Libertario (P-LIB) se posiciona radicalmente en contra de la entrada en vigor de la ley que prohíbe la financiación de los partidos políticos a través de las aportaciones de empresas. Esta nueva intromisión del Estado en la gestión privada de las organizaciones políticas se trata de un brindis al sol que no soluciona nada, puesto que las aportaciones de las empresas que han supuesto los casos de corrupción eran de fondos provenientes de la contabilidad B, es decir, ilegales. Esto supone que se demoniza una forma de financiación éticamente legítima, por culpa de la mala praxis de unos pocos, que acabaremos pagando todos los ciudadanos ya que los partidos dependerán en una mayor medida de las subvenciones del Estado.
Poner trabas a la financiación voluntaria significa consolidar a los actuales grandes partidos, que se repartirán la financiación pública -13,9 millones de euros y ésto sólo en el primer trimestre de 2015-, y hacer más difícil la entrada en escena de nuevos actores. En el fondo, significa convertir a los partidos en una extensión del Estado y a los políticos en funcionarios, siendo sin duda un paso decisivo hacia una socialdemocracia radicalizada sin independencia política real. Y como se ha demostrado, una vez que se cierra el paso a la entrada de partidos realmente reformadores, los grandes partidos no encuentran dificultades para asignarse a sí mismos partidas económicas cada vez mayores.
El P-LIB por el contrario defiende un modelo similar al de otros países, un modelo en el que los partidos políticos dependan financieramente de sus simpatizantes, ya sean personas o entidades jurídicas, eliminando la financiación pública para así acabar, entre otras cosas, con la coacción que significa el que una persona financie un partido que no goza de sus simpatías. Una vez más es preciso recordar en este punto que el Partido Libertario, en sus Estatutos, se niega a ser financiado mediante dicha coacción, rechazando las subvenciones y la idea de que tenga que ser el Estado el que financie a los partidos, condenando a los partidos pequeños al ostracismo político y al veto económico al ver reducidas sus fuentes de financiación.
Israel Alonso, Vicepresidente del P-LIB, ha declarado que “Nos encontramos ante una nueva barrera que ataca de manera directa al pluralismo político, y que sumada a la anterior modificación de la Ley Electoral trata de proteger al Estado socialdemócrata de la iniciativa y participación ciudadanas en la vida pública.” Añadiendo a continuación que “Esta iniciativa legislativa pretende la dependencia económica de los partidos del Estado, y la perpetuación de un sistema clientelar corrupto basado en las cuantiosas subvenciones que salen de los bolsillos de los ciudadanos.” Y concluye Alonso: “Nosotros no queremos un sistema partitocrático, ni que los ciudadanos financien contra su voluntad a los partidos políticos. Nosotros queremos financiarnos libremente sin obligar a nadie a entregarnos su dinero.”
