El Partido Libertario (P-LIB) expresa su rechazo a la propuesta formulada por el Partido Popular para realizar cambios legales que podrían socavar una vez más la libertad de expresión de los ciudadanos, escudándose esta vez en la pitada a la Marcha Real durante la pasada final de la Copa del Rey. Denunciamos que el problema subyacente es la politización del deporte, y rechazamos todo carácter oficial de las competiciones deportivas, que deben ser estrictamente privadas y ajenas a todo vínculo con las autoridades del Estado. El P-LIB reitera su apuesta por la abolición del Consejo Superior de Deportes y por la plena despolitización del deporte.
Los conflictos ideológicos entre aficiones o de éstas con el resto de la sociedad no son competencia estatal, y corresponde a las diversas organizaciones privadas (clubes deportivos y federaciones, indebida e innecesariamente vinculados a la Administración Pública) acordar en su caso las normas de convivencia que deseen. En cualquier caso, resulta absurdo culpar a los clubes por el comportamiento de miles de usuarios de sus instalaciones. Las pitadas, como cualquier otro acto de burla o rechazo a cualquier símbolo, oficial o no, se circunscriben en el derecho fundamental e inalienable que todos tenemos a la libertad de expresión, y por lo tanto no pueden legítimamente acarrear a sus autores ningún castigo, del mismo modo que no se multa ni procesa a nadie por las discusiones airadas entre personas, por las portadas o caricaturas satíricas respecto a símbolos religiosos, nacionales o estatales ni por cualquier otro acto irrespetuoso que no entrañe el inicio de la fuerza.
El P-LIB reitera su posición respecto a los diversos nacionalismos, recogida en su documento político de 21 de septiembre de 2012, y se posiciona una vez más a favor de la libertad de expresión, especialmente cuando hiere y resulta ingrata para algunos. Solo así entra en conflicto la libertad de expresión y es en esos casos cuando afirmamos su superioridad frente a cualquier otro elemento. De otro modo no habría razón para limitarla o prohibirla. Mientras no se afecte o ponga en peligro la integridad física de otros individuos, la libre expresión de opiniones e ideas es siempre legítima, desagrade a quien desagrade.
