El Partido Libertario (P-LIB) asiste con preocupación a la escalada de tensión entre el parlamento catalán y el congreso de los diputados.
La ceguera y cerrazón del Partido Popular y sus socios, apoyado por un tribunal constitucional altamente politizado, está poniendo en riesgo la pacífica convivencia de los ciudadanos dotando de argumentos al nacionalismo catalán más radical mientras alimenta el no menos nocivo nacionalismo español.
La estrategia actual de Rajoy de no negociar sólo lleva por el camino del conflicto. Los libertarios consideramos que Rajoy está cometiendo una grave irresponsabilidad al ignorar la realidad catalana y dejar en manos del nacionalismo radical el control y liderazgo de estas legítimas reclamaciones.
Las llamadas naciones no tienen por qué estructurarse mediante estados ni éstos identificarse con una determinada organización política. De los sentimientos nacionales de unos y otros, respetables como sentimientos y expresiones personales o colectivas, no se deduce un determinado corsé político inmune a los parlamentos o la voluntad de los ciudadanos.
Los libertarios consideramos la libertad de organización política como un derecho fundamental, a nivel territorial o no, y sólo dependiente de la voluntad del ciudadano. Consideramos legítimas las reclamaciones de estado independiente catalán, como igual lo haríamos con uno independiente del Valle de Arán. En este sentido consideramos el tratamiento que de ello hace nuestra actual constitución como un corsé anclado en tiempos felizmente pasados, disfuncional y contrario a la realidad social y política actual.
El Partido Libertario exige al congreso de los diputados y al gobierno presidido por Mariano Rajoy que deje de hacer oídos sordos a lo que es una reclamación palpable y real de buena parte de la sociedad catalana y llegue a acuerdos que faciliten una consulta con garantías en Cataluña sobre la posibilidad de establecer un estado catalán, federado o independiente. Una consulta que informe fehacientemente de la voluntad de los catalanes y que pueda ser base de una negociación para el inicio de un referéndum vinculante y negociado que garantice los derechos de propiedad, expresión, movimiento y comerciales de todos los ciudadanos.
