El Partido Libertario (P-LIB) expresa su indignación ante la situación que ha dado como resultado la dimisión de la hasta ahora Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina, Cifuentes. Aunque el P-LIB ya había exigido a través de sus redes sociales que Cifuentes abandonara el puesto por su título fraudulento de máster, considera que dicha dimisión está lejos de resolver el problema de fondo, que no es ni mucho menos la expresidenta del Partido Popular.
A lo largo de estos días se ha hecho énfasis desde los medios de comunicación en que la conducta de la dirigente madrileña ha sido muy poco ética. También en el evidente uso instrumental que sus rivales políticos, ajenos a su partido o internos, han hecho tanto del caso máster como de la salida a la luz del vídeo del hurto de productos cosméticos. Asimismo se ha hecho notar que entre Gürtel, Púnica, y estos últimos hechos, cada vez es más difícil (si es que es posible) encontrar alguna persona relevante del PP madrileño que no haya sido salpicada directa o indirectamente por la corrupción. Recordemos que esto incluye a los tres últimos presidentes de la Comunidad de Madrid (en el caso de Aguirre, viéndose obligada a dimitir de su puesto de concejal cuando ya no ocupaba la presidencia regional).
Pero además de todo ello, los libertarios consideramos que lo que se ha puesto en evidencia es el control por parte del poder político de las organizaciones llamadas “públicas”, que no son otra cosa que estatales.
La cuestión principal no es que una persona haya querido falsificar un documento de una universidad. Lo es que desde su puesto político haya podido mover los resortes necesarios para hacerlo. Si los adversarios ideológicos del libertarismo querían una muestra de que los propietarios de facto de las empresas y organizaciones públicas no son, como se dice, los ciudadanos sino los dirigentes políticos, aquí la tienen.
Cabe recordar que como ya denunció el P-LIB, la expresidenta promovió una ley de reforma universitaria que cercenaba gravemente la independencia de las universidades privadas. Nunca un político debería dar permiso (licencia) para que una empresa u organización, universitaria o de cualquier tipo, pueda operar.
Resulta asimismo muy preocupante la posibilidad de que la obtención hace años del vídeo del hurto (que debería haberse borrado a los 15 días) pueda haberse logrado gracias a una similar influencia política sobre agentes de policía.
La Vicecoordinadora del P-LIB en la Comunidad de Madrid, Gloria Rodríguez, ha declarado en relación a esta dimisión que “La enemiga acérrima de la universidad libre ha caído, entre otros motivos, por usar la universidad como su cortijo personal. Pero un cambio de cara no va a resolver el verdadero problema, que es la concentración de poder en unas pocas manos. La formación universitaria, como tantos otros servicios, debe estar en las manos de la sociedad civil, no de los dirigentes políticos”.