Ayer habló la sociedad catalana con rotundidad, presentando una vez más un consenso insoslayable sobre el Estatut de Catalunya. Todos los periódicos y otros medios de comunicación, todos los partidos salvo el minoritario Partido Popular, los agentes sociales y económicos y todo tipo de organizaciones representativas aunaron sus voces. Es el mismo consenso que permitió a la inmensa mayoría de los ciudadanos y de sus partidos políticos darse un estatuto que, además, fue refrendado por las Cortes Generales. El recurso irresponsable y rupturista del Partido Popular y la presión de aquellos medios de comunicación que han asumido como elemento de su línea editorial el irreductible nacionalismo español, unidos a la incomprensible tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse, han creado durante tres años una absurda situación de incertidumbre jurídica respecto a la ley fundamental que rige las instituciones catalanas.
El P-LIB defiende la libertad de expresión de los doce diarios catalanes que publicaron ayer el editorial conjunto, y reclama al TC que haga su trabajo y se pronuncie de una vez sobre el recurso, porque ha agotado ya todos los plazos razonables para una decisión de esta envergadura. El alto tribunal no es una mera instancia jurisdiccional sino una de las piezas claves de nuestro sistema político, y por lo tanto no puede dejar de considerar dos factores fundamentales. El primero es el carácter netamente político y no meramente jurídico del texto que tiene sobre la mesa. El segundo es la responsabilidad política y el sentido de la Historia que cabe esperar de una institución como el TC, que en estos momentos tiene en sus manos dos opciones: dar al conjunto de Catalunya la bofetada definitiva que la aparte del resto de España, haciendo inviable a largo plazo su continuidad en nuestro marco político común, o corroborar el legítimo encaje de esa sociedad en el conjunto de España desde el respeto al marco institucional que democráticamente se ha dado a sí misma por amplia mayoría y con el refrendo del parlamento común. Si opta por la bofetada, que nadie se eche las manos a la cabeza cuando las consecuencias nos desborden.
El P-LIB no es, ni en Catalunya ni en ningún otro lugar, un partido nacionalista. La autodeterminación que perseguimos es la del individuo, y las nociones como «pueblo», «patria», «nación» y otras similares son para nosotros obsoletos conceptos colectivistas que menoscaban la única soberanía realmente importante: la de la persona. De todos los nacionalismos, el que en mayor medida atenta contra la libertad individual suele ser el tosco e inconsciente nacionalismo de Estado, que sólo considera nacionalistas a los demás y que pretende imponer una uniformidad alienadora y represiva. Todos los nacionalismos, tanto los periféricos como el español, han cometido excesos en las últimas décadas y siguen enfrentados en torno a visiones incompatibles del marco político común, precisamente en un momento histórico en el que tanto la idea mítica de España como las de las naciones postuladas por el nacionalismo centrífugo tienden, por fortuna, a disolverse en la construcción europea y en la globalización económica de nuestro mundo.
El P-LIB observa ese enconado conflicto de sentimientos, mucho más pasional que racional, desde fuera. Y es desde la distancia respecto a todos los sentimientos nacionales de unos y otros desde donde procuramos aportar soluciones sensatas que permitan avanzar. En particular, pensamos que es enfermiza la actitud constante del conservadurismo español y de parte de la socialdemocracia, que llevan desde 1978 boicoteando la ordenación político-territorial que la ciudadanía se dio en referéndum. Ese boicot ha convertido en dolorosas amputaciones las diversas transferencias de competencias políticas y económicas a las comunidades autónomas, y ha impedido durante décadas que éstas alcanzaran sus techos competenciales.
En un país donde coexisten sentimientos nacionales fuertemente arraigados, un sistema realmente federal, basado en el concierto económico y en el autogobierno político, es probablemente la única vía sensata si el objetivo es mantener a largo plazo vínculos institucionales y simbólicos perdurables. El ejemplo de la resolución del contencioso histórico entre flamencos y valones señala caminos que podrían ser de utilidad en nuestro caso.
Por último, el P-LIB afirma que lo importante no es que los servicios o las infraestructuras estén en manos de la Administración central o de la Generalitat, sino que se devuelvan a la sociedad civil mediante su privatización. Lo importante no es quién recaude los impuestos, sino reducirlos y someterlos a topes máximos. Lo importante no es qué administración se endeude en nombre del ciudadano, sino minimizar ese endeudamiento. Lo importante no es quién contrate a los funcionarios, sino que se contrate sólo a los estrictamente necesarios. Lo importante no es quién dicte los permisos y licencias, sino desregular y desburocratizar. Lo importante no es que se imponga unos u otros símbolos, sino que cada individuo pueda libremente emplear aquellos que prefiera. Lo importante no es que venza este conflicto social y cultural el sentimiento nacional de unos u otros, sino que esos sentimientos vayan dando paso a un entendimiento racionalista y global del tiempo histórico que nos ha tocado vivir, un tiempo en el que las patrias deben dejar paso a los ciudadanos.
