Ante la polémica suscitada en Vic, Torrejón de Ardoz y otras localidades, el P-LIB recuerda a todos los municipios su obligación de empadronar a cuantos ciudadanos demuestren habitar realmente en su término, con independencia de su estancia legal o no en el país. El padrón de habitantes es ante todo un procedimiento estadístico, y los ayuntamientos no tienen facultades de policía de fronteras ni competencias en materia de extranjería, debiendo limitarse a registrar a los habitantes. No empadronar personas para no tener que costearles los servicios es una mezquindad que perjudica a los municipios vecinos y recuerda a la época en la que el alcalde Jesús Gil y Gil expulsaba de Marbella a los indigentes pagándoles un billete sólo de ida a Canarias.
P-LIB
