El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera la violencia de género como una grave lacra que afecta a nuestra sociedad, y apoya los esfuerzos de las administraciones públicas por evitar las agresiones y llevar ante los tribunales a las personas culpables de las mismas, que en un altísimo porcentaje (pero no siempre) son varones. El P-LIB cree que debe caer sobre los maltratadores todo el peso de la Ley. El Programa Político Marco del P-LIB afirma en su apartado 3.2.1. que «el Código Penal y las leyes ordinarias son los mecanismos adecuados, y no pensamos que leyes específicas para este tipo de problemas tengan más sentido que el meramente propagandístico». Esa misma finalidad propagandística tiene el «globo-sonda» lanzado estos días por el Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, respecto a la publicación de listados de maltratadores para conseguir que sean socialmente repudiados.
El P-LIB considera que las sentencias son y deben seguir siendo públicas. Reunir en listados los nombres de las personas sentenciadas (en firme) y publicar tales listados no compete al Poder Ejecutivo, sino exclusivamente a las organizaciones privadas en el ámbito de la sociedad civil. Publicar listas de personas que no hayan sido objeto de sentencia firme sería en cualquier caso una aberración jurídica intolerable. De publicarse institucionalmente listados de delincuentes, no tiene sentido limitarse a aquellos que hayan cometido este tipo de crímenes y no otros. Por otro lado, el Partido Socialista, que hasta ahora abogaba por la reinserción de las personas que han cumplido condena, parece ignorar el efecto adverso de este tipo de medidas de cara a la rehabilitación de los delincuentes.
El Partido Socialista una vez más parece confundir la administración de Justicia, caracterizada por el garantismo y el debido proceso, con el linchamiento social por parte de las masas convenientemente azuzadas desde el Estado.
