El P-LIB considera que las medidas presentadas hoy en sede parlamentaria por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegan tarde, son insuficientes y en algunos casos resultan injustas.
El P-LIB considera acertada la reducción salarial de los empleados públicos, aunque es insuficiente. En todo caso, la principal reforma a acometer sería la reducción de la plantilla, y particularmente en las administraciones autónomicas y locales. Lo que propone el P-LIB no es que los funcionarios tengan salarios de miseria, sino que la plantilla de funcionarios sea sólo la estrictamente necesaria, con salarios austeros respecto a los equivalente en el mercado, pero razonables. En una situación de gravísima crisis económica, los contribuyentes no pueden seguir soportando el coste de una masa funcionarial desmedida. Es necesario y urgente que el Estado hipertrofiado adelgace y devuelva a la sociedad civil múltiples servicios que hasta ahora detenta sin necesidad ni justificación alguna. Un momento de crisis como el actual es particularmente adecuado para impulsar medidas de privatización de servicios, garantizando la plena universalidad de su disfrute mediante sistemas de cheque. El ciudadano no tiene por qué pagar una sanidad y una educación públicas masificadas e inflexibles, y debe ser libre de escoger el servicio de su preferencia, pagándolo si puede y recibiendo el apoyo de los demás sólo si realmente no puede asumir el gasto.
El resto de las medidas estarían bien encaminadas si fueran más ambiciosas y si se hubieran planteado mucho antes, salvo dos: el aumento de impuestos a algunos segmentos de renta (que generará evasión y desincentivará la economía) y la congelación de las pensiones de jubilación. Resulta injusto hacer que los pensionistas paguen el descalabro económico del gobierno Zapatero. El P-LIB insta al gobierno a sustituir la congelación de las pensiones de jubilación por recortes de gasto de las administraciones. Los pensionistas han cotizado durante toda una vida laboral y no reciben ni de lejos la devolución de sus aportes con los intereses correspondientes, sino unas pensiones francamente insuficientes en casi todos los casos, y muchas veces simplemente miserables. Congelar las pensiones es lo último que debe hacerse en caso de crisis, y el P-LIB considera que hay margen de sobra para evitarlo reduciendo gastos de otra naturaleza. El plan de Zapatero pone de manifiesto que el sistema de reparto es una bolsa colectivizada de dinero que no genera derechos directos para el cotizante, y que el gobierno se cree con derecho a utilizar a su conveniencia. La congelación de las pensiones que va a realizar el gobierno debería servir como lección a la ciudadanía para que exija la sustitución del sistema de reparto por uno de capitalización personalizada para cada trabajador, de forma que nadie pueda tocar los fondos cotizados y le sean devueltos íntegros, más intereses, a cada persona al llegar el momento de su jubilación.
Las contramedidas que ha propuesto Mariano Rajoy se quedan igualmente demasiado cortas y demuestran nuevamente el escaso liberalismo económico del Partido Popular. De las medidas propuestas por los conservadores, el P-LIB apoya la supresión e integración de carteras ministeriales, aunque es una medida más simbólica que real, y la reducción o eliminación de subvenciones. El P-LIB siempre se ha mostrado favorable a la supresión de los programas de subvención tanto a empresas como a organizaciones sociales de cualquier naturaleza, arbitrándose en todo caso medidas de desgravación para las aportaciones directas que los ciudadanos decidan realizar a organizaciones no lucrativas.
