El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera que la extrema tardanza en dictar sentencia y las diversas vicisitudes que ha atravesado el Tribunal Constitucional durante los últimos cuatro años restan fuerza ética al fallo emitido ayer sobre el Estatut de Catalunya. El tribunal que lo emite, cuyo mandato expiró hace mucho tiempo, es en cualquier caso un órgano nombrado por las élites políticas del PP y del PSOE, en función de las mayorías presentes en cada momento en el poder legislativo. La separación de poderes es entre nosotros meramente formal y no se traduce en verdadera independencia, como ha puesto de manifiesto de forma especialmente clara este proceso. Es necesario recordar que el Estatut fue aprobado por amplísima mayoría en el parlamento catalán, presentado y defendido por los cauces correctos antes las Cortes Generales y aprobado por éstas no sin antes realizar algunos recortes significativos. El texto fue sometido a referéndum y aprobado por la población afectada. Pese a toda esta legitimidad social y política de origen, el Partido Popular cometió la rentable irresponsabilidad histórica de recurrirlo ante el TC, colocando al alto tribunal en una situación difícil que le ha costado un fuerte desprestigio.
La naturaleza paccionada de nuestro sistema autonómico constituye un embrión de federalismo nunca desarrollado. Desde la Transición, las disputas interpretativas, la exigencia de competencias de unos, la reticencia a transferirlas de otros y el crecimiento desmedido de las administraciones autonómicas sin corresponsabilidad fiscal y sin atribuciones suficientes han sido problemas comunes. Es necesario cerrar de una vez por todas el modelo de organización territorial, y sólo hay dos alternativas: el retorno a un Estado-nación único y uniformador o la implantación de un auténtico sistema federal basado en el pacto, el diálogo, la solidaridad entre las partes desde la franqueza y la transparencia, el concierto económico, la plena responsabilidad fiscal y la adaptación flexible a las reales demandas de autogobierno y capacidades de gestión de cada territorio. La primera alternativa es irreal y sólo nos llevaría al enfrentamiento civil y a una más que segura ruptura de los lazos institucionales que aún persisten. En el marco europeo y occidental, una España organizada federalmente puede dar cabida armoniosamente a la pluralidad cultural y a los diferentes sentimientos nacionales que alberga. Si España es inteligente se flexionará como un junco y albergará esa pluralidad, pero si decide no serlo (como parece desear el PP), no tardará en resquebrajarse la poca o mucha unidad que aún queda.
En cualquier caso, el modelo de organización territorial del Estado importa hoy mucho menos que el avance decidido hacia su minimización. Igual da que la administración responsable de un servicio o de una infraestructura sea la autonómica o la central, o incluso la local o la europea: lo que el P-LIB exige es que ese servicio o infraestructura sea descolonizado por el Estado y devuelto a la sociedad mediante su privatización. La única soberanía que nos preocupa a los liberales es la del ciudadano. La única autodeterminación por la que entendemos que vale la pena luchar es la del individuo. Las pugnas sobre símbolos nacionales nos parecen estériles y las banderas, todas, trozos de tela de colores. El nacionalismo es una ideología inspirada en los mitos románticos del XIX. Llevada a sus extremos, resulta gravemente opresiva para el individuo. Ha inspirado algunos de los más terribles totalitarismos y ha causado mucho sufrimiento escudándose en la supremacía del Estado-nación (tenido o buscado). En pleno siglo XXI, parece evidente que ni los Estados tienen por qué responder a naciones, ni éstas tienen por qué dotarse de Estados, ni los individuos deben sacrificarse por ellas. El mejor futuro que podemos soñar es uno donde la adscripción nacional, siempre voluntaria, sea un mero elemento cultural de las personas y no tenga efectos jurídicos, como no los tiene cualquier otro rasgo de la identidad personal.
El P-LIB trabaja por la plena extensión de todos los derechos individuales a todas las personas, por encima de cualquier pulsión colectivista, y en este sentido reivindica los derechos lingüísticos plenos de todas las personas que viven en Catalunya y en cualquier otra comunidad autónoma, frente a imposiciones de cualquier naturaleza.
