El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera particularmente graves los datos hechos públicos ayer por el diario El Mundo, de acuerdo con los cuales la morosidad de las administraciones públicas no ha hecho sino incrementarse en los últimos meses. A título de ejemplo, la demora en el pago a las empresas de materiales de construcción, que en 2009 alcanzaba una media de 227 días, ha pasado a ser de 257 días en 2010. En el caso de las empresas de servicios de limpieza, la demora media en el pago ha pasado de 180 días en 2009 a 250 días en 2010, lo que supone cinco veces más del máximo legal.
En el P-LIB creemos que la morosidad de las administraciones públicas es, además de un gravísimo problema económico para miles de pequeñas y medianas empresas (que pone en riesgo la propia supervivencia de muchas de ellas), una de las formas más graves de corrupción que existen, pues convierte a los acreedores del erario público en financiadores forzosos del despilfarro al que nos tienen acostumbrados nuestros políticos. Difícilmente los distintos gobiernos territoriales españoles pueden estar legitimados para exigir a los contribuyentes el cumplimiento de las leyes cuando ellos mismos son los primeros en saltárselas a la torera, incumpliendo flagrantemente y, lo que es peor, con total impunidad, sus obligaciones con respecto a sus proveedores. La morosidad en los pagos es una práctica fuertemente arraigada en nuestras administraciones públicas, que además tiene el perverso efecto añadido de distorsionar la percepción de la capacidad económica de la propia administración pública (al otorgarle, de facto, el poder de otorgarse créditos gratuitos a sí misma mediante el burdo expediente de retrasar los pagos) induciendo, de ese modo, el incremento del gasto público y la ineficiencia en la gestión.
Por otra parte, y como lógica respuesta a esta situación, muchos proveedores tratan de compensar el coste económico de la morosidad encareciendo los precios de sus servicios y entregas de bienes a la administración, lo que, en última instancia, repercute negativamente en el bolsillo de los contribuyentes, que se ven forzados a pagar más caros los servicios que reciben debido a la mala gestión pública.
Francisco Cacharro, Secretario General del P-LIB, ha declarado al respecto que “estas cifras son elocuentes de la gravedad del problema, y ponen de manifiesto tanto el fracaso de las medidas legislativas adoptadas hasta la fecha como la necesidad de reformas mucho más profundas y radicales”. Esas reformas, a su juicio, deberían incluir “el establecimiento de responsabilidades penales y disciplinarias de los gestores públicos en los casos de demora injustificada, la abolición del anacrónico privilegio de inembargabilidad de los fondos públicos y el diseño de procedimientos ejecutivos verdaderamente ágiles y eficaces que permitan la rápida realización de sus créditos a los acreedores, recayendo los costes procesales en la administración deudora”. En otro orden de cosas, el Secretario General del P-LIB considera que la medida consistente en habilitar una línea de crédito a través del ICO para que las administraciones locales puedan hacer frente a sus deudas –medida prevista por la legislación anti-morosidad, pero nunca puesta en práctica por el Gobierno– debe descartarse, puesto que, “más que una solución, es en realidad parte del problema: habilitar créditos blandos a las administraciones locales para que éstas se pongan al día en sus pagos es contribuir de forma irresponsable al incremento de un endeudamiento público que ya es insoportable. La única solución pasa porque las administraciones públicas comiencen a cumplir la ley de una vez por todas y reduzcan sus gastos, ajustándolos a su capacidad económica real”. Por último, Francisco Cacharro ha manifestado que “el Partido de la Libertad Individual considera este asunto una prioridad, y hará un especial seguimiento del grado de cumplimiento de la legislación vigente en la materia por parte de las distintas administraciones públicas”.
