El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su más indignada condena al Partido Popular, a Convergència i Unió y al Partido Socialista Obrero Español por la brutal violación de los derechos individuales que han cometido esta noche al salvar in extremis la llamada Ley Sinde. El favor del PP e IU al gobierno, comprensible sólo por las presiones internacionales que estas formaciones políticas hayan recibido, constituye una auténtica bofetada a una sociedad que, de forma prácticamente unánime, había rechazado la ley. Las mínimas enmiendas incorporadas para tratar de salvar la dignidad de populares y convergentes no consiguen tal cosa: el cambio de chaqueta del PP y de CiU para colaborar ahora con la represión de los internautas pasará a la historia como un episodio de la más repugnante indecencia política en nuestro país.
El P-LIB denuncia que la tutela judicial continúa prácticamente igual. El juez únicamente autorizará la identificación de los propietarios de sitios web, pero seguirá siendo la Sección Segunda de la CPI estatal, perteneciente al Ejecutivo y nombrada por éste, la que decidirá si un sitio incurre o no en delito. Los plazos marcados para todo el procedimiento son tan breves que atentan contra el derecho de los afectados a alegar y a preparar su defensa. Pero además estos plazos establecen un privilegio jurídico injusto en el caso de los derechos de autor, que no se da cuando los derechos afectados son de cualquier otra naturaleza. Con la nueva ley, la propiedad intelectual está más protegida en España que la propiedad física, y además su protección implicará un importante aumento del gasto de la Administración de Justicia y de los cuerpos de seguridad encargados de censurar y amordazar servidores. Pero, con todo, lo más grave es el coste en libertad individual. La nueva ley aprobada con nocturnidad en el Senado establece en realidad una peligrosísima excepción al principio fundamental de que sólo la autoridad judicial puede, excepcionalmente y cuando haya indicios de delito, suspender los derechos de los individuos.
Los políticos del PP, CiU y PSOE han demostrado ser, además de unos bárbaros liberticidas, unos auténticos zoquetes digitales que no han entendido Internet. Criminalizar la publicación de simples enlaces constituye todo un atentado contra la esencia misma de la navegación online, basada en los hipervínculos. Poner un enlace en una página no equivale a plagiar un texto ni a reproducir un archivo de audio o vídeo. Ahora las SS del gobierno (la famosa Sección Segunda) van a decidir arbitrariamente qué sitios publican links que en su docta opinión sean constitutivos de violación de derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué Megaupload sí y Google o Terra no? ¿Van a revisar miles, quizá millones de links que además van cambiando e incluso pueden ser individualizados para cada IP? Es una caza de brujas absurda, cara y reveladora del talante estatalista y controlador de estos tres partidos.
El PP ha demostrado una vez más ser un partido tan colectivista como el PSOE, y esta repulsiva bajada de pantalones debería pasarle factura en las urnas. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) merece un fuerte correctivo por parte del grupo liberal del Parlamento Europeo, o tal vez debería considerar cambiar de grupo. Precisamente la comisaria europea Neelie Kroes, liberal, es una de las principales voces que defienden en Europa la libertad en Internet, concitando el respeto y el apoyo de la comunidad de internautas. Unió Democràtica, el otro partido de la federación CiU, tan conservador o más que el PP en las cuestiones morales, se hace cómplice de esta coalición de estatalistas contra Internet. Y el PSOE ha perdido cualquier derecho a abrir la boca para vociferar sobre los derechos individuales, porque su apoyo a los mismos es completamente selectivo.
El P-LIB rechaza las declaraciones de varios dirigentes de la industria audiovisual y de las entidades gestoras de derechos. En su afán por utilizar el Estado, pagado por todos, para sobreproteger su particular negocio, han perdido todo respeto a derechos de superior naturaleza del resto de sus conciudadanos. Resulta indignante que estos señores exijan menos tutela judicial para los ciudadanos y se enfaden porque las enmiendas aprobadas establecen plazos que aún les parecen largos, cuando son muy inferiores a los aplicados en cualquier otro caso. ¿Hasta dónde va a llegar la exigencia de privilegios y trato especial de esta industria? Si quieren proteger sus canciones y películas, que inventen sistemas para ello. Y si comprenden de una vez por todas que la evolución tecnológica y su puesta a disposición de todos exige un cambio completo de modelo de negocio, pues que se reconviertan sin que a los demás nos cueste dinero ni libertad.
Particularmente grave es la recuperación del canon digital por parte de estos tres partidos. En lugar de enterrarlo por completo, en consonancia con el espíritu de la sentencia europea, ahora van a parchearlo de común acuerdo para salvar lo que puedan de él. Es decir, por un lado nos cobran un canon por el posible uso de los aparatos, en clara vulneración de la presunción de inocencia, pero por otro lado prohíben y persiguen (con un celo que no se aplica a otras infracciones ni de lejos) ese mismo uso de esos mismos aparatos.
La Ley Sinde constituye un estúpido e ingenuo intento de poner puertas al campo. Los sistemas de encriptación, la computación en la nube, la facilidad de situar los servidores en jurisdicciones menos represivas con total anonimato y otros muchos factores hacen que no alberguemos ninguna duda de que esta guerra vamos a ganarla los partidarios de la plena libertad en Internet.
Los tres principales partidos políticos le han escupido en la cara al internauta. Bien, pues ahora que se atengan a las consecuencias.
