Ante la reciente publicación de un informe sobre anuncios de contenido sexual y prostitución en prensa por parte del Consejo de Estado, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera la posición ya expresada el 20 de mayo de 2010 sobre los anuncios de contactos. El citado informe reconoce el fracaso de la autorregulación o autocensura recomendada a la prensa escrita y otros medios de comunicación para este tipo de anuncios, y propugna otro recorte de libertades en la línea liberticida a la que nos tiene acostumbrados el actual gobierno, el más intervencionista que hemos sufrido desde la dictadura. Curiosamente, sólo han seguido voluntariamente la autocensura aquellos medios con líneas editoriales más cercanas al colectivismo de derecha (La Gaceta, La Razón) o al colectivismo de izquierdas (20minutos, Público, Avui). Ambas posturas, la moralista conservadora y la moralista socialista, ignoran la voluntad de las personas que se dedican a esta actividad profesional. La prostitución en este país se mantiene forzosamente en la alegalidad por culpa de los prejuicios morales desfasados y del paternalismo de nuestros poderes políticos, que avasallan el derecho a la propiedad del cuerpo de los individuos, así como su derecho a establecer cualesquiera contratos comerciales entre adultos libres y en sus plenas facultades. La prohibición sólo precariza más a los trabajadores de este sector de servicios, que quedan a merced de mafias extorsionadoras que se lucran en el mercado negro con esta actividad que tiene, independientemente de los valores morales de cada uno, una legítima oferta y demanda en la sociedad actual. La legalización de la prostitución permitiría la dignificación de los clientes y de los trabajadores que se dedican a esta actividad, dotándoles de todos los derechos laborales, así como de la seguridad jurídica y personal necesaria.
Siguiendo la lógica prohibicionista, el Consejo de Estado insta a “prohibir, restringir o condicionar la publicidad de la prostitución» y afirma «la necesidad de que una medida de dicha naturaleza se instrumente mediante el ejercicio de la correspondiente iniciativa legislativa». Las alternativas que estudia dicha iniciativa legislativa abarcan desde medidas sancionadoras para los medios que no cumplan con el mandato hasta incentivos en forma de subvención a cargo de los maltrechos presupuestos públicos para compensar las pérdidas de ingresos por publicidad calculadas en cuarenta millones de euros. El P-LIB manifiesta su oposición a estos nuevos recortes a la libertad individual, a la libertad de prensa, a la libertad de empresa y al erario público, que no está para pagar a los periódicos por no publicar tal o cual tipo de anuncios en función de los caprichos moralistas del político de turno.
