Pedro Pinto, miembro del Comité Ejecutivo Federal del Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ha denunciado hoy la creación en Andalucía de una administración paralela a través de agencias bajo control socialista. Pinto ha señalado que “estas agencias fundadas sobre las corruptas prácticas del nepotismo, el amiguismo y el enchufismo son sólo un medio para seguir en el poder tras una hipotética primera derrota electoral después de varias décadas de gobierno del PSOE andaluz”.
Para el P-LIB, lejos de agilizar y modernizar la administración, este conjunto de más de 300 agencias, fundaciones y empresas públicas, con un número de entre 20.000 y 35.000 empleados, ha duplicado las tareas del cuerpo de funcionarios autonómicos y ha derivado cantidades ingentes de los fondos públicos a manos privadas. Además, estas empresas han distorsionando las necesidades reales de contratación pública mediante un acceso arbitrario a estos empleos, concedido sin oposiciones y sin los obligados principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
“Lo más grave de esta situación –afirma Pedro Pinto– es que en estas entidades no había límite de retribuciones, y personas sin experiencia ni mérito laboral alguno, más allá del desempeño de un cargo político, han pasado a cobrar como si fueran directivos de las mejores empresas privadas”. Esta situación ha doblado el gasto público en la administración andaluza y ha promovido la corrupción de todo tipo, como se ha demostrado en el caso de las prejubilaciones fraudulentas en Mercasevilla. Los Decretos-Leyes 5 y 6 del 2010 de la Junta de Andalucía sólo han empeorado esta situación al mezclar a funcionarios de carrera con contratados a dedo por las citadas agencias. Mediante procesos de consolidación de empleo fraudulentos se intenta “funcionarizar” a los familiares y compañeros de partido o sindicato contratados de modo opaco para “blindar” el control socialista sobre la administración andaluza ante las perspectivas electorales que les dan como perdedores el próximo 22 de mayo.
Por todo ello el P-LIB de Andalucía se suma a las protestas de los funcionarios que denuncian la compra de empresas privadas con dinero público mediante irregularidades ajenas a todo tipo de control financiero y en contra del más elemental derecho administrativo. Con estos decretos-leyes desaparece cualquier atisbo de independencia e imparcialidad de los encargados de ejercer potestades públicas, que pueden ver sus sueldos e incluso sus puestos de trabajo amenazados, no por su mayor o menor capacidad, productividad o eficiencia, sino por su grado de sumisión a los imperativos del comisario político de turno.
