El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) constata la descomposición de las altas instituciones jurisdiccionales, cuyo último episodio ha sido el intento de dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional. Además de esa institución hay varias otras pendientes de renovación por falta de acuerdo entre las dos cabezas del partido único bicéfalo que nos gobierna desde 1982. El P-LIB considera que ninguna institución perteneciente al Poder Judicial debe ser nombrada por el Legislativo. La plena separación entre los poderes del Estado es fundamental y su inexistencia señala uno de los fallos más graves del edificio constitucional español. Además, el P-LIB recuerda lo aprobado en su I Congreso respecto a la justicia constitucional:
«Proponemos un control difuso de la constitucionalidad de las leyes, siguiendo en este sentido el sistema norteamericano. En concreto, proponemos la supresión del Tribunal Constitucional, y la encomienda del control de constitucionalidad de las leyes a los jueces y tribunales ordinarios (cuyas decisiones, lógicamente, serán revisables a través del sistema de recursos establecido, correspondiendo al Tribunal Supremo, como tribunal superior en todos los órdenes, la última palabra en la materia). De este modo, los jueces y tribunales podrían declarar la inaplicación de aquellas normas que vulneren la Constitución. La enorme ventaja de este sistema, además de la supresión de un órgano del Estado, con la correspondiente reducción de gasto público, es su mayor flexibilidad y adaptación a la cambiante realidad social (ya que el juicio de constitucionalidad de las normas se iría decantando progresivamente, mediante el análisis de sus implicaciones reales en cada caso concreto; los jueces no asumirían propiamente el papel de legislador negativo que actualmente tiene el Tribunal Constitucional, ya que no anularían las leyes, limitándose a su inaplicación al concreto caso enjuiciado) y, sobre todo, la mayor garantía de independencia judicial que supone, al ser materialmente imposible que el poder político pueda controlar efectivamente la toma de decisiones sobre la constitucionalidad de las normas por parte de miles de jueces». (Programa Político Marco, punto 6.4).
Entendemos, por tanto, que hay que renovar mucho más que el TC y las otras instituciones pendientes del relevo de sus integrantes: hay que renovar el marco institucional para asegurar la separación entre los poderes del Estado.
