El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ha defendido el derecho de manifestación de los llamados «indignados» incluso por encima de las resoluciones de las juntas electorales y pese a la vulneración de todas las reglamentaciones legales para su ejercicio, y ha sido particularmente duro en su exigencia de identificación y de procedimiento correcto a los cuerpos antidisturbios y a las fuerzas del orden en general. Todo ello es compatible con exigir también que se impida la deriva de estos grupos hacia acciones violentas. Estar «indignado» no autoriza a agredir, ni faculta a los integrantes de este movimiento a tomarse la justicia por su mano, impedir acciones judiciales como los desahucios o entorpecer la libertad de movimientos y el normal funcionamiento de las instituciones. La población ha sido benévola y tolerante con el movimiento 15-M, simpatizando con su indignación incluso cuando no se compartían las soluciones (generalmente próximas al totalitarismo) propuestas por la mayor parte de sus asambleas. Pero el recurso a la violencia no será convalidado por la sociedad y, desde luego, no debe ser permitido ni activa ni pasivamente por el gobierno ni por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Al mismo tiempo, es necesario investigar las acusaciones, aparentemente fundadas, de infiltración en el movimiento por parte de agentes policiales o grupos de agitadores organizados para provocar altercados.
