El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) celebra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la que se considera ilegal que un juez ordene a un proveedor de Internet realizar un control general de los datos que sus clientes transmiten para evitar las descargas de archivos objeto de propiedad intelectual. Incluso con independencia del debate sobre la propiedad intelectual, resulta evidente para el P-LIB que la libertad y privacidad de las comunicaciones es un bien jurídico superior, y que las empresas proveedoras de comunicación deben garantizar el anonimato y la intimidad total de esa comunicación, ya sea verbal o de datos (diferencia hoy irrelevante y totalmente difuminada) y no pueden ser obligadas por el Estado a espiar a sus clientes en prevención de posibles infracciones. Además, la sentencia establece que la obligación de vigilar a los clientes sería una violación de la libertad de empresa al conculcar el libre pacto entre los proveedores de acceso a la Red y sus clientes. Por otro lado, la sentencia asienta igualmente el principio de protección privada de los datos transmitidos, que no pueden quedar a disposición del Estado más que por orden judicial.
El P-LIB considera la sentencia europea como una victoria de la libertad en la Red, que contrasta con las oscuras maquinaciones del PP y del PSOE durante el traspaso de poderes actualmente en marcha, de cara a la aprobación «de tapadillo» del reglamento de la nefasta Ley Sinde y el nombramiento de los comisarios políticos que ejercerán funciones de control a la ciudadanía y censura de sitios web desde la llamada Sección Segunda. Esta renovada SS, cuyas siglas son todo un acierto, intentará perseguir a empresas y particulares. Ante ello, el P-LIB recomienda el uso de proxies para navegar y el alojamiento de contenidos en servidores situados en otras jurisdicciones donde el derecho al anonimato esté mejor garantizado que en la nuestra, y donde el Estado no se dedique a gastar el dinero de todos para espiar a los usuarios de Internet. El P-LIB insta a Mariano Rajoy y al Partido Popular a reconsiderar su apoyo a la ley Sinde y a impedir que este atropello llegue a producirse.