Ante la reforma de los órganos judiciales anunciada por el ministro Ruiz-Gallardón, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) reitera la posición aprobada por su I Congreso en esta materia. El P-LIB cree que la Justicia se encuentra en un lamentable estado de desatención. Es necesario reducir el Estado y reorientarlo a los fines que sí le son propios, y entre ellos a mantener una justicia ágil y eficaz. El P-LIB defiende la separación real de los poderes del Estado, por considerar que constituye una de las mayores garantías para evitar el abuso y la arbitrariedad. En la práctica, vivimos en un sistema político donde el poder ejecutivo legisla, nombra los principales órganos judiciales y mantiene a su servicio el ministerio fiscal. Proponemos una reforma en profundidad de la administración de justicia para dotarle de la independencia que le corresponde.
En España llevamos treinta años de democracia asistiendo a espectáculos vergonzosos de politización de la justicia y de judicialización de la política, con episodios de actualidad como el caso Camps o el del ex ministro Blanco. Es necesario habilitar mecanismos que impidan o al menos dificulten este uso de la administración de justicia. Los principales órganos judiciales, nombrados actualmente por acuerdos opacos entre las grandes fuerzas políticas, deben dejar de depender de éstas por completo, y de poco sirve retirar el nombramiento parlamentario de algunos de los integrantes: el Legislativo no tiene nada que decir sobre qué personas ejercen competencias judiciales. La dinámica de mayorías y minorías que se dé en el parlamento no tiene nada que ver con el nombramiento de altos cargos judiciales. Es necesario establecer un sistema de promoción interna y elección de los máximos órganos judiciales por los estamentos inmediatamente inferiores de la propia carrera judicial, sin intromisión del poder ejecutivo ni del legislativo.
Defendemos una fiscalía que no esté al servicio del poder ejecutivo. El ministerio fiscal debe ser plenamente autónomo, y sus puestos, incluso los principales, no deben ser asignados por los políticos, sino por los organismos de gobierno de los propios fiscales. Defendemos también la supresión del Consejo General del Poder Judicial por ser un órgano totalmente partidista. Por último, queremos eliminar la figura de la acusación popular, por ser un artificio jurídico que facilita a grupos con intereses particulares la intromisión en pleitos ajenos, en persecución de su propio beneficio. Igualmente, proponemos eliminar el Tribunal Constitucional como en otros países desarrollados, correspondiendo a la Justicia ordinaria el control cotidiano de la constitucionalidad.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado que «la reforma de Gallardón se queda muy corta y no sirve al objetivo de independizar realmente la Justicia del poder ejecutivo, cosa que obviamente no interesa al PP como tampoco interesaba al PSOE».
