El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su oposición a la Tarjeta Ciudadana zaragozana. El Alcalde Belloch sorprendió el año pasado a los ciudadanos de la capital aragonesa con la creación de la llamada Tarjeta Ciudadana. Según el Consistorio, esta tarjeta tenía la finalidad de dotar al ciudadano de un mayor número de servicios, y sintetizarlos y unificarlos todos en una única tarjeta. Para obtener dicha Tarjeta Ciudadana era, y sigue siendo, requisito indispensable estar empadronado en la ciudad. Esto, que se presentó como una gran ventaja para el ciudadano, se ha revelado, en opinión del P-LIB de Aragón, como una estrategia encaminada a forzar a los usuarios de los servicios municipales, residentes o no, a empadronarse en Zaragoza, y de paso subir el precio de dichos servicios a quienes no acepten tal imposición.
El hiperendeudado Ayuntamiento de Zaragoza, que acumula más de ochocientos millones de deuda, depende en gran medida de los fondos que le transfiere el Estado y que, entre otras cosas, se asignan en función del número de empadronados. A mayor número de empadronados, más fondos del Estado y además sus ratios de endeudamiento, tanto de deuda respecto a habitantes como de deuda respecto a presupuestos, bajan y por tanto permiten al Ayuntamiento endeudarse aún más.
La Tarjeta Ciudadana, que prometía ofrecer tarifas más adaptadas para los servicios municipales, en la práctica no ha permitido obtener servicios más baratos, ya que no se ha bajado el precio de los servicios a sus titulares, sino que se los ha subido al resto. Incluso el acceso a algunos servicios municipales ha quedado limitado en exclusiva a titulares de la Tarjeta discriminando, por consiguiente, a los no empadronados en la ciudad.
Así tenemos que, por ejemplo, para solicitar el abono de las piscinas y centros deportivos municipales, el precio es un 50 % más caro para los que carezcan de la Tarjeta que para los “ciudadanos de primera clase”. El servicio de bicicletas BIZI, sólo es para empadronados, aunque hace poco ha dado marcha atrás y permitirá el servicio a universitarios y turistas con un permiso especial que deberá ser comprobado. El de Wifi igualmente sólo será para empadronados. Otros servicios, como el transporte público, se irán modificando para que sólo puedan hacer uso con “teóricos” descuentos los titulares de la Tarjeta Ciudadana. Actualmente cualquiera puede comprar una tarjeta de transporte, la cual permite hacer viajes a 0,68€ y todos transbordos que se desee durante una hora, mientras que en el futuro esto sólo se podrá hacer con la Tarjeta Ciudadana y, por tanto, aquel que no la tenga deberá pagar por cada billete 1,25 €. Mención aparte se merecería la subida de casi un 20% que ha tenido este servicio este año para pagar la factura del ruinoso proyecto del tranvía. El P-LIB, naturalmente, aboga por la privatización de todos esos servicios, pero, mientras sigan siendo públicos, es evidente que estas discriminaciones están fuera de lugar.
En este sentido, el Coordinador de Comunicación del P-LIB de Aragón, Luis Laita, ha manifestado que “cabría recordarle al Alcalde Belloch algunos artículos de la Constitución española, los cuales, siendo como es juez, debería saber interpretar, entre ellos el Artículo 14 («todos los ciudadanos son iguales ante la ley”), el 19 («los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”) y el 31 («todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio»).
