Versió en catalàEl gobierno del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, ha decidido favorecer con una medida de indulto a dos condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos, implicados en el llamado “Caso Treball”, relacionado con el pago de estudios e informes falsos a través de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, entre los años 1994 y 1995. El Boletín Oficial del estado del día 13/03/12 recoge los Reales Decretos, fechados el 17 de febrero de este año, favoreciendo a Josep María Servitje, ex -secretario general de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Catalunya entre 1994 y 1995, miembro del Comité de Gobierno y consejero nacional de Unió Democrática de Catalunya (CDC), conmutándole la pena de cuatro años y seis meses de prisión, ratificada en su momento por el Tribunal Supremo, por una multa a razón de diez euros diarios durante un año.
Idéntico beneficio se ha otorgado a Víctor Manuel Lorenzo Acuña, cómplice de Servitje, y propietario de las empresas Gestumer y Socesca, beneficiarias de los pagos por informes fraudulentos o inexistentes. A esta persona se le ha condonado la pena de dos años y tres meses de prisión. Lorenzo Acuña, quien ya había sido condenado en el año 2005 a tres años de cárcel por malversación de fondos públicos procedentes del Consorci de Turisme de Catalunya, fue secretario general, tesorero y apoderado de la fundación FECEA (Fundació Empresa Catalunya, Europa i América), la cual en su día se benefició de cuantiosas subvenciones, concedidas cuando Ignasi Farreres, otro alto dirigente de UDC, fue Consejero de Trabajo de la Generalitat de Catalunya.
El Coordinador General del P-LIB en Cataluña, Eduardo Martínez Narváez, ha valorado esta medida “como un atentado contra la separación de los Poderes Públicos, base fundamental de un sistema democrático”.
En fechas recientes, en uno de los últimos Consejos de Ministros del gobierno de Rodríguez Zapatero, se indultó también al banquero Alfredo Sáez y hace apenas semanas el nuevo gobierno del Partido Popular, otorgó el mismo beneficio para varios integrantes de la policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra) condenados por torturas y lesiones a un detenido, permitiéndoles salir en libertad y reintegrarse al cuerpo policial. Igualmente estas sentencias estaban ratificadas por el Tribunal Supremo.
“Es anacrónico y fuera de toda lógica que una sentencia judicial pueda ser revocada discrecionalmente por el Jefe del Estado o por miembros del gobierno. Igualmente provoca una gran alarma así como profunda indignación y repulsa, el indulto a funcionarios estatales que poseen condenas judiciales firmes, y que en el ejercicio de sus cargos han causado daños físicos a un ciudadano, o de tipo económico contra el patrimonio público. El Art. 62 en su apartado i de la Constitución Española debe derogarse, y mientras ello no ocurra, el Rey y los titulares del Poder Ejecutivo deberían abstenerse de aplicar medidas de gracia que van en contra de sentencias dictadas por los tribunales españoles”, ha concluido el representante del P-LIB.
El Partido de la Libertad Individual cree necesario reformar la legislación para excluir de posibles indultos a quienes hayan cometido sus delitos en el ejercicio de funciones públicas.
