El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) expresa su apoyo a Google ante el ataque de la Comisión Europea. Lamentamos la intromisión de este organismo en el legítimo negocio de la empresa, y rechazamos las amenazas vertidas por el comisario Joaquín Almunia contra la empresa estadounidense. Para el P-LIB, la Comisión Europea interfiere una vez más en el ámbito de la libre empresa, y su injerencia responde a recelos injustificados o tal vez a presiones de empresas europeas que buscan la protección privilegiada de las autoridades de la Unión. Sea cual sea el motivo, el P-LIB considera que los cuatro elementos de la oferta de servicios de Google cuestionados por la Comisión son perfectamente legítimos:
1. Las restricciones a la portabilidad de las campañas de AdWords a plataformas similares de empresas competidoras, duramente criticadas por Almunia, forman parte de las condiciones del servicio, que son similares a las de muchas otras plataformas de servicios online. Los clientes de Google siempre pueden optar por no canalizar su publicidad a través de AdWords y realizar sus campañas mediante otras plataformas. El Estado no es quien para intervenir en las condiciones que pacten Google y sus clientes.
2. Los acuerdos de display entre Google y sitios web particulares responden igualmente a contratos entre las partes, y es absurda la afirmación de la Almunia de que esos acuerdos dan lugar a una «exclusividad de facto». Lo que pasa es, sencillamente, que Google ha conseguido una gran red de display pagando bien y a tiempo a millones de blogs y sitios web, y que a las autoridades de los Estados les disgusta la facilidad de obtención de ingresos adicionales que Google brinda a todos esos particulares. Si otras empresas de display no han conseguido grandes redes de sitios para colocar la publicidad, se debe a su incapacidad para ofrecer a esos sitios unas condiciones ventajosas, lo cual no es culpa ni de Google ni de nadie.
3. La presentación de información ajena en las páginas de resultados (por ejemplo precios de hoteles, etc.) es completamente legítima y, además, los sitios web que no deseen ofrecerla tienen a su disposición mecanismos sencillos de la propia Google para evitar la indexación de su contenido. Almunia y sus burócratas parecen no comprender que un motor de búsqueda sólo publica la información que los sitios web desean hacer pública indiscriminadamente, y que además basta introducir una sencilla etiqueta de HTML para que esa información deje de ser copiada a la caché del buscador.
4. La presentación por parte de Google de sus propios servicios, en una posición destacada de sus páginas de resultados, es una práctica absolutamente legítima y habitual de cualquier sitio web. Criticar esto es como criticar que un periódico ponga en lugar destacado de su web una promoción suya de suscripciones o de cualquiera de sus servicios secundarios o productos editoriales adicionales.
En definitiva, el P-LIB cree que nuevamente estamos ante un entorpecimiento deliberado de las autoridades políticas contra una empresa que presta un gran servicio a millones de personas. Es lamentable que la preferencia de los consumidores europeos por Google provoque una declaración de guerra de los políticos europeos contra esa empresa. Hay que recordar que hace ya unos años el Estado francés pretendió nada menos que invertir una millonada de dinero de los contribuyentes para crear un gran buscador europeo que compitiera con Google, y que sólo el desacuerdo con el gobierno alemán sobre detalles menores y sobre el reparto del gasto dio finalmente al traste con ese proyecto. Lo que hay que preguntarse es por qué en Europa no surgen espontáneamente empresas como Google y en Norteamérica sí, y la respuesta seguramente tenga mucho que ver con la feroz intromisión económica del Estado.
La competencia desleal con dinero público es una de las estrategias del Estado para perjudicar a las empresas. Otra es la empleada ahora por Almunia al exigir a Google, en cuestión de semanas, toda una serie de cambios de funcionamiento para operar en Europa. Esos cambios, si Google se ve forzada finalmente a aplicarlos, harán que la experiencia del usuario de Google en Europa sea diferente y peor que la del mismo usuario si se conecta desde fuera del Viejo Continente. Esta estupidez sólo redundará en un peor servicio al consumidor europeo.
