El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) manifiesta su total rechazo a la querella presentada por la Fundación Tomás Moro contra el autor Javier Krahe, que nos parece un ataque trasnochado a la libertad de expresión. Sin entrar en el contenido del video en cuestión, cuyo buen o mal gusto no pretendemos juzgar, debemos entender que la libertad de expresión es la más sagrada de las libertades, sin la cual ningún otro derecho humano es posible, y que ese carácter debe ser preservado por encima de conceptos tan subjetivos como el de lo ofensivo. Si el contenido del video ofende a algunos ciudadanos, estos lo tienen muy fácil: no lo vean.
El Vicepresidente Tercero del P-LIB, Álvaro Chena, ha señalado que «esta querella es más propia de la España de hace cincuenta años que de la del siglo XXI. Ya va siendo hora de que en este país se valore la libertad de expresión, y de que las leyes y los jueces la protejan”.
El P-LIB defiende la máxima libertad de expresión, incluyendo el sarcasmo, la sátira y la burla, sea quien sea su autor y sea quien sea la persona o institución objeto de lo expresado. En este sentido, entendemos que es perfectamente lícito satirizar los símbolos, textos, actos y comportamientos del Estado y de todas sus instituciones, así como de cualquier organización de la sociedad civil, incluyendo empresas, partidos políticos, asociaciones, clubes deportivos, confesiones religiosas, centrales sindicales, organizaciones patronales, y cualquier otra. La libertad de expresión es siempre superior al disgusto o la ofensa que en ocasiones puedan provocar las expresiones torpes, hirientes o malintencionadas de quienes la ejercen. La única limitación que entendemos legítima a la libertad de expresión, más allá del uso ilegal (amenazas, extorsión, fraude, calumnia, provocación de pánico, etc.) es la que afecta al Estado y a sus agentes (en el ejercicio de sus funciones), nunca a los individuos o a las agrupaciones voluntarias de estos. Los delitos de opinión no existen, y, como cualquier delito sin víctima, deben desaparecer de nuestro ordenamiento jurídico.
Por todo ello, defendemos por igual el derecho de Krahe a cocinar crucifijos en público y el del obispo católico de Alcalá de Henares a expresar públicamente su feroz homofobia, sin entrar siquiera a valorar el contenido de uno u otro caso: la libertad de expresión de los autores está por encima de los sentimientos tanto de los cristianos, en el primer caso, como de las personas homosexuales, en el segundo. En ambos casos, los afectados deben aceptar la libre expresión ajena por mucho que les moleste, y responder con sus propias expresiones si así lo desean, mientras el Estado debe mantenerse al margen.
