El P-LIB ve con preocupación las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia, que pide reducir la supuesta austeridad de la administración autonómica. El P-LIB considera urgente eliminar múltiples organismos superfluos y costosos, empezando por el propio CES, que cuesta a los murcianos una fortuna y cuya utilidad es cuando menos discutible. Javier Abellán, miembro del Comité Ejecutivo: «¿qué productividad y rentabilidad han tenido los casi 930.000 euros que ha recibido este año el CES de la administración autonómica?»
COMUNICADO ÍNTEGRO
MURCIA, 10 DE JULIO DE 2012. El Partido de la Libertad individual (P-LIB) observa con preocupación el mensaje que el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) transmite al conjunto de la sociedad con las recomendaciones básicas contenidas en su última memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en 2011 y sus propuestas al Consejo de Gobierno de esta comunidad autónoma.
El P-LIB no comparte la petición de relajamiento de las políticas de austeridad de la administración pública a cambio de exigir un incremento del gasto y acrecentar el tamaño y peso del sector público. Este no es el modo de salir de la crisis.
El modo de salir de la crisis es reducir urgentemente el Hiperestado. El problema de España y de Murcia en particular no es de ingresos, sino de gasto desbocado y deuda insostenible. Hay que cerrar departamentos enteros de las más diversas administraciones devolviendo a la sociedad civil innumerables actividades que no le son propias a la Administración y eliminando la competencia desleal del Estado en muchos sectores, y prescindir para ello, paulatinamente, de buena parte de la plantilla de empleados públicos y eliminar subvenciones. La gran mayoría de los funcionarios son grandes profesionales que, en caso de prescindirse de ellos, no tendrán problemas para recolocarse adecuadamente en el sector privado. El problema será de aquellos otros que, con una escasa productividad o cualificación, han recalado en las administraciones públicas gracias a favores diversos, tras ser rechazados por el mercado laboral. Los esforzados contribuyentes no tienen porqué seguir desangrándose fiscalmente para pagar el sueldo de estas personas, que deberán encontrar en el mercado empleos acordes con su capacidad.
Los liberales sentimos que se ha iniciado una auténtica caza de brujas contra empresas, autónomos y particulares al escuchar declaraciones como las del CES, en las que reclama una mayor coordinación en la administración y un aumento de “los recursos humanos y tecnológicos aplicados a la Inspección” lo que implica nuevamente mayor gasto pero no necesariamente mayor recaudación. El P-LIB reclama liberar al contribuyente de la asfixiante carga tributaria que nos pone a la cabeza de Europa en impuestos directos y no nos hace atractivos para los capitales exteriores.
Javier Abellán, miembro del Comité Ejecutivo del P-LIB, cuestiona “qué productividad y rentabilidad han tenido los casi 930.000 euros que ha recibido este año el CES de la administración autonómica», señalando que el CES es «un órgano cuya función es meramente consultiva y de generación de informes, más aún cuando su presidente Antonio Reverte admite su impotencia ante los oídos sordos del ejecutivo murciano a sus recomendaciones». Para el P-LIB, uno de los primeros organismos superfluos a eliminar es el propio CES, que como sus homólogos de otras comunidades y de ámbito nacional, es un Consejo que no da buenos consejos ya que está compuesto por personas generalmente inexpertas en las materias tratadas. Este tipo de organismos, que han proliferado enormemente en las últimas décadas, son cementerios de elefantes para políticos en retirada, cuando no amalgamas de representantes de los lobbies más variados. Casi nunca responden, en realidad, a las funciones de asesoría y consulta de alto nivel que se les atribuye.
El P-LIB tampoco comparte la visión criminalizadora de la actividad económica extraoficial. Cree que tener en la Región de Murcia uno de los mayores índices de economía sumergida debería hacer reflexionar a los agentes sociales integrados en el CES (patronal, sindicatos, asociaciones agrarias y asociaciones de consumidores) sobre el coste de la oficialidad, coste que resulta insostenible en esta época de profunda crisis, agravada por el Estado mediante el inminente incremento del IVA, la sobrerregulación económica y la rigidez de nuestro mercado laboral.
Para Abellán “se debería reconocer que la llamada economía sumergida es el único y último recurso para afrontar las penosas situaciones familiares y personales a que infinidad de ciudadanos y pymes se enfrentan por culpa del mal denominado Estado de Bienestar, que les aboca al umbral de la pobreza sin permitirles otra alternativa.”
