Ante la llegada de las columnas de mineros a la ciudad de Madrid, prevista para esta noche, el P-LIB deplora los privilegios que diversas autoridades han concedido a estas marchas, así como los altercados que se han producido. Respecto a la cuestión de fondo, el P-LIB considera de todo punto inadmisibles las pretensiones sindicales. El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado que «el chantaje y la extorsión de los sindicatos mineros están tan fuera de lugar hoy en día como la propia actividad obsoleta que pretenden prolongar a costa de todos los ciudadanos».
COMUNICADO ÍNTEGRO
MADRID, 10 DE JULIO DE 2012. Ante la llegada a Madrid esta noche de las dos marchas de mineros que hoy han confluido en Aravaca, el Partido de la Libertad Individual (P-LIB) desea expresar su posición:
1. Deploramos los privilegios concedidos por la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento de la capital y otras autoridades a estas marchas, y de forma muy especial el alojamiento gratuito en edificios públicos. Nos cuesta creer que, pese a las elevadas subvenciones que reciben del dinero de todos, estos trabajadores no puedan costearse un hostal en Madrid. Si lo hicieran, al menos contribuirían mínimamente a la prosperidad ajena, de la que se han acostumbrado a vivir.
2. Condenamos con toda rotundidad los actos vandálicos que han caracterizado las marchas y las acciones violentas que se han sucedido en las cuencas mineras. Consideramos que, incluso si los mineros tuvieran razón, la pierden por el inicio de la fuerza contra propiedades ajenas y por incurrir en acciones que, como el corte de carreteras, limitan ilegítimamente la libertad de los demás. Nos repugna la coacción violenta de grupos organizados al conjunto de la sociedad, y creemos que estas marchas se inscriben en la peor tradición europea de la toma de ciudades por parte de grandes columnas de mineros, que llegó a producir graves disturbios y bastantes víctimas en algunos países.
3. Esperamos de la Delegación del Gobierno en Madrid las medidas policiales necesarias para impedir que estas personas tomen la Puerta del Sol y acampen en ella, o produzcan estragos en la ciudad. Estamos seguros de que la inmensa mayoría de los madrileños no considera bienvenidos a quienes, a todas luces, acuden a la capital predispuestos a la violencia.
4. Al mismo tiempo, y ante los probables altercados, exigimos la identificación de los efectivos y una acción policial acorde con las normas vigentes y respetuosa con los derechos de los manifestantes, y esperamos de los mandos la represión de cualquier conato de brutalidad policial. Este tipo de situaciones pone a prueba la flema y la profesionalidad de los cuerpos de seguridad, que les son exigibles.
5. Respecto al fondo de la cuestión, consideramos contrario a la ética más elemental que una actividad económica improductiva o deficitaria se mantenga artificialmente con el dinero fiscalmente extraído al resto de la población. Los empresarios y trabajadores del sector han tenido décadas para reconvertir su actividad económica y profesional. En lugar de hacerlo, han optado, con la complicidad de partidos y sindicatos, por el mantenimiento a costa de todos nosotros de una actividad ruinosa, con privilegios lacerantes como la contratación de los hijos en sustitución de los mineros jubilados, y con unas pensiones de bastante cuantía tras unos pocos años de trabajo, como los parlamentarios. Las subvenciones de las que han disfrutado han sido tan escandalosas como el PER, y proceden del esfuerzo del resto de los ciudadanos mediante sus impuestos directos e indirectos, como el del consumo energético. El Estado nos ha hecho pagar a todos su propia debilidad frente a este lobby privilegiado que pretendía seguir viviendo de nuestro trabajo incluso en las actuales circunstancias de extrema crisis económica. Los sindicatos mineros dicen ahora que las subvenciones ya estaban comprometidas. Es una excusa muy torpe para la presión que se está ejerciendo, porque la crisis ha motivado la supresión de cientos de otras partidas, muchas de ellas igualmente correspondientes a actividades que habrán de cesar.
Este caso pone de manifiesto cuál es la verdadera «redistribución» estatal de la riqueza: el Estado le quita el producto de su trabajo e inversiones a todos los ciudadanos, a la mayoría silenciosa, para repartirlo entre los grupos organizados que mayor capacidad coactiva demuestran. Frente a esto, la única solución es reducir el Estado a su mínima expresión para que, simplemente, carezca de esa capacidad de recolocar a su capricho los recursos ajenos.
El Presidente del P-LIB, Juan Pina, ha declarado hoy que «esta nueva puesta en escena de la consabida lucha sindical es una representación teatral que ya aburre por conocida, arcaica y zafia» y que «el Ayuntamiento debería mandar a los sindicatos la factura por el alojamiento en el colegio de Aravaca y por los desperfectos que lleguen a producirse en la ciudad esta noche y durante la manifestación de mañana», señalando además que «el chantaje y la extorsión de los sindicatos mineros están tan fuera de lugar hoy en día como la propia actividad obsoleta que pretenden prolongar«. «Cuando millones de ciudadanos se están apretando el cinturón por la voracidad fiscal del Ejecutivo, equiparable en su política económica a cualquier gobierno socialista europeo, resulta insultante que haya quienes no sólo pretenden seguir parasitando a esos mismos ciudadanos, sino que encima lo exigen con violencia y lo escenifican con marchas como esta», ha denunciado, preguntándose «¿a quién pretenden dar lástima? ¿A los parados y a los mileuristas de cuyos impuestos también salían las jugosas subvenciones que ahora van a perder? ¿A los trabajadores y emprendedores que no llegan a fin de mes pero tienen que pagar en la factura eléctrica el PER minero?» para concluir que «lejos de despertar solidaridad, los mineros, instigados por el tándem sindical, sólo han despertado indignación y hartazgo«.
