El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) considera escandaloso que el ex Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, vaya a percibir una indemnización de más de doscientos mil euros tras dejar el cargo, como si el mandato hubiera concluido con normalidad y no mediante una dimisión forzada por la evidencia de que Dívar había utilizado indignamente el dinero de la institución para su propio beneficio personal. Es lamentable que la decisión corresponda al propio Consejo, donde obviamente funciona el más arraigado corporativismo en beneficio de uno de los suyos. En esto no hay colores ideológicos: prácticamente todos los consejeros han votado ya a favor en comisión.
El P-LIB reitera su petición de que los salarios, pensiones y demás retribución en dinero o en especie de todos los altos cargos de cualquier administración pública se fijen por ley, con la máxima publicidad y sin opción a que se habiliten fórmulas de retribución adicional o indirecta, dineraria ni en especie, con diversas excusas. Es particularmente deleznable que más de sesenta parlamentarios estén cobrando ingresos adicionales por alojamiento para ejercer sus funciones en Madrid pese a poseer viviendas en la capital, lo que de hecho constituye un sistema por el que los contribuyentes les pagamos la hipoteca.
En medio de la peor crisis económica que se recuerda, resultan intolerables, no tanto los salarios de los altos cargos estatales, sino muy especialmente los numerosos emolumentos y privilegios adicionales, generalmente ocultos a la opinión pública. Que esos privilegios se mantengan incluso tras una dimisión tan deshonrosa y sonrojante como la de Dívar, constituye un ejemplo más del saqueo de nuestros bolsillos por los miembros de la élite estatal, lo que repugna a la ciudadanía y merece nuestra firme condena y nuestra indignada reprobación.
