El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ha seguido con interés el trámite parlamentario de la iniciativa sobre la autofinanciación de la Iglesia Católica. Al P-LIB le llama la atención la incoherencia entre la particular sensatez de Izquierda Unida al proponer esa autofinanciación y su incomprensible resistencia a aplicar exactamente la misma medida a la financiación de sindicatos, ONGs o formaciones políticas. El P-LIB pide a la coalición que reflexione sobre su doble vara de medir en esta materia, y que se sume a la apuesta por una sociedad civil absolutamente independiente del dinero público, y espontáneamente conformada por el apoyo social que realmente susciten las diversas causas y las entidades que las promueven.
El P-LIB cree que todas las organizaciones privadas, cualquiera que sea su tipología, deben autofinanciarse. El intermediario Estado se arroga competencias ilegítimas de ingeniería social al destinar el producto de nuestro esfuerzo a las organizaciones y proyectos que él prefiere, creando por el camino todo tipo de agravios comparativos y barreras de entrada. Con ser grave el expolio económico que sufre cada ciudadano por esta vía, peor aún es la arbitraria asignación de los recursos que le pertenecen, pues forman parte de su retribución laboral o de su patrimonio, a entidades cuyos fines puede no compartir. El Estado no tiene derecho a usurpar la soberanía de cada persona decidiendo por ella qué causas impulsar y a qué entidades privadas financiar. Los liberales creemos en la soberanía de cada persona para asignar libremente los recursos excedentarios que desee a las organizaciones religiosas, asociativas, sindicales, políticas, culturales o de cualquier otra naturaleza que prefiera, con una amplia desgravación fiscal si es necesario para que la aportación global a esas entidades sea equivalente a la del actual sistema colectivizado de financiación forzosa, pero decidiendo libre y directamente cada ciudadano.
El P-LIB respeta la labor que realizan las diversas confesiones religiosas, y particularmente la Iglesia Católica, cuyo arraigo y apoyo popular es evidente. Pero, precisamente por la evidencia de que cuenta con un gran apoyo social, resulta todavía menos comprensible que el Estado deba financiarla mediante los impuestos coercitivamente recaudados entre los ciudadanos, ya que esa institución obviamente podría y debería articular un modelo de financiación basado exclusivamente en la contribución voluntaria de cuantos la apoyan. La clave es la voluntariedad de las aportaciones. Sin ella, las contribuciones económicas carecen de legitimidad porque han sido tomadas bajo coerción, y sus destinatarios deberían negarse por obvios motivos éticos a recibirlas, como hace el P-LIB por expreso mandato estatutario.
