El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) ha seguido de cerca el fraude de las preferentes y las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno. El P-LIB considera que este es un nuevo episodio de abuso de poder por parte de las élites directivas de un sistema bancario privilegiado por el Estado y acostumbrado a actuar irresponsablemente en beneficio propio, como en este caso, en el que se ha inducido masivamente a los clientes a la compra de productos financieros de alto riesgo sin informarles debidamente. La estafa se ha producido, no porque haya habido una mala evaluación del riesgo, sino porque ha habido engaño en cuanto a la naturaleza del producto que se estaba adquiriendo: un peculiar tipo de acciones a perpetuidad. Resulta sorprendente que el Estado, tan eficaz a la hora de inspeccionar y perseguir al ciudadano común o a las pymes, ejerza tan mal las competencias (que él mismo se ha arrogado) de inspección y control del sistema bancario y de sus productos, competencias que en realidad deberían irse sustituyendo por una banca mucho menos regulada y similar a cualquier otro sector de servicios, pero a la vez carente de los privilegios estatales que hoy disfruta.
Hace escasos días que el ministro de Economía y Competitividad anunció una nueva regulación sobre de las preferentes, con el fin de evitar que pueda repetirse lo que ha calificado como “un problema de tan graves consecuencias sociales”. De acuerdo con lo avanzado por los medios de comunicación, dicha regulación se centraría en limitar la comercialización de este complejo producto financiero, evitando su colocación masiva entre minoristas y reforzando intensamente la transparencia sobre el riesgo asociado a estos productos. Con esta reforma, se requerirá que una proporción importante de la emisión se coloque en el canal mayorista para obtener un precio de emisión de mercado, sin que pueda ser sustituida tal determinación del precio por una valoración independiente. Igualmente, el ministro ha asegurado que el inversor que no pase el test de idoneidad tendrá que reconocer explícitamente que es consciente que está adquiriendo un producto para el que no es «idóneo». Además, se impondrá un mínimo elevado de suscripción, lo que dejará fuera a un número importante de inversores minoristas en las operaciones con estos instrumentos. Finalmente, se creará un registro con la relación de títulos complejos adquiridos por inversores no idóneos, lo que facilitará la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La receta del Gobierno parece clara: en vez de reforzar los mecanismos de información y transparencia en esta materia para que sean las personas las que, plenamente conscientes de los riesgos financieros que asumen, decidan libremente lo que hacen con su dinero, el Ejecutivo –haciendo gala de una mentalidad insufriblemente paternalista– opta directamente por prohibir a los ciudadanos la compra de preferentes (o por limitarla hasta extremos equivalentes a los de una prohibición). Obviamente, el ministro tiene razón cuando afirma que “se trata de un importante cambio normativo que si se hubiese adoptado hace años, habría impedido la comercialización masiva de este tipo de producto complejo entre minoristas realizada en el pasado». Y tanto que lo hubiese impedido, pues de lo que se trata, según el ministro, es de prohibir, pura y simplemente, la adquisición de estos productos.
El P-LIB considera escandalosamente grave que se hayan producido irregularidades consistentes en la colocación de este tipo producto financiero a personas que desconocían realmente qué estaban comprando. Entendemos que estos hechos constituyen sin más una estafa que, como tal, debe ser castigada por el Código Penal y que, desde luego, no puede ni debe tener lugar en una verdadera economía de libre mercado. Contrariamente a lo que el discurso colectivista suele afirmar, este tipo de sucesos nada tienen que ver con un mercado auténticamente libre: por el contrario, representan su antítesis ya que no existe libertad individual allí donde tiene lugar el fraude o el engaño. Sin embargo, no creemos que este tipo de problemática deba resolverse prohibiendo la comercialización de este producto. Por el contrario, consideramos que lo único que la Ley debe asegurar es que los consumidores –en este caso, los pequeños inversores– dispongan de información clara y suficiente antes de suscribir este tipo de operaciones financieras. Creemos que ello podría garantizarse, para las inversiones financieras de alta complejidad, mediante la intervención, a costa de las partes, de un asesor financiero independiente y/o de un fedatario público que informara al cliente, de modo imparcial y comprensible, acerca de los derechos y obligaciones que derivarán de la operación que va a suscribir, asegurándose de la cabal comprensión del producto y de sus riesgos por parte del comprador.
En palabras del Vicepresidente primero del P-LIB, Francisco Cacharro, “la solución a problemáticas como la de las preferentes no pasa por tratar a los ciudadanos como si fuesen idiotas o menores de edad incapaces de gobernarse por sí mismos, sino por establecer mecanismos que garanticen la disposición de información veraz y comprensible por parte de los ciudadanos y, en caso de ser necesario, una respuesta arbitral o judicial rápida y eficaz”. El P-LIB rechaza la sobrerregulación anunciada por el ministro De Guindos y pide en cambio que se garantice el derecho de los compradores a una información previa plena y veraz sobre los productos financieros y los riesgos que entrañan. El P-LIB rechaza toda intervención estatal para limitar las cuantías de inversión arbitrariamente y pide que se respete la libertad de los inversores para colocar su dinero donde ellos estimen más conveniente, evitado que, con la excusa de proteger al pequeño inversor, se le despoje de su libertad.
