El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) sigue con interés la información sobre las gestiones y conversaciones del Secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del Consejo General de Cámaras de Comercio a propósito de la futura ley que afectará a estas últimas. El P-LIB considera necesario realizar algunas consideraciones al respecto.
En primer lugar, el P-LIB entiende que modificar la actual ley, que eliminó la obligatoriedad del pago de las cuotas por parte de las empresas a las asociaciones camerales, sería un retroceso. Actualmente, este año únicamente están obligadas a pagar las cuotas aquellas empresas que facturan más de diez millones de euros y el próximo año nadie tendrá la obligación de pagar. Los liberales, igual que nos oponemos a la colegiación profesional obligatoria, lo hacemos también a que las empresas hayan de formar parte contra su voluntad de las cámaras de comercio o de cualesquiera otras instituciones similares. Así pues, el P-LIB considera imprescindible eliminar el carácter de «corporaciones de derecho público» de las actuales cámaras, que deben o disolverse o reconvertirse en asociaciones libres constituidas por aquellas empresas que voluntariamente deseen integrarse en ellas. Esto, obviamente, implica la posibilidad de que exista más de una cámara en un mismo ámbito territorial, en función del ejercicio libre del derecho de asociación de las empresas de cada lugar.
El problema fundamental es preservar la libre decisión de los empresarios en el marco de un sistema de auténtica liberalización en todas las esferas de la economía. Los representantes de las cámaras de comercio están denunciando que el Secretario de Estado pretende incorporar al anteproyecto de ley la reducción de las cámaras a una por provincia. Es evidente que los gestores de estas corporaciones intentan preservar el nicho privilegiado del que han venido disfrutando, sustituir la antigua obligatoriedad de cuotas por algún tipo de subvención y mantener su monopolio territorial.
El P-LIB no comparte que las asociaciones empresariales (y no otra cosa es una cámara de comercio) deban considerarse entidades públicas sostenidas por los presupuestos estatales. Las aspiraciones de los representantes de los entes camerales responden a la mentalidad estatalista, corporativista y mercantilista de una parte del empresariado español. Los liberales confiamos en los profesionales independientes, en los autónomos, en los trabajadores freelance, en las pymes y micropymes que son ejemplo de la verdadera y libre iniciativa privada y los principales dinamizadores de la economía y generadores de la prosperidad del país. Todos ellos, como las empresas de mayor tamaño, se asociarán o no a las asociaciones empresariales que deseen. Obligarles a ello es tan ilegítimo como impedírselo, y el concepto mismo de cámara única de un sector o de las empresas de una zona, como el de colegio profesional, resulta incompatible con la libre asociación.
A los liberales nos parece un atrevimiento que algunos presidentes de cámaras de comercio hayan expresado incluso sus quejas ante una supuesta “competencia desleal” en el campo de sus funciones y servicios por parte de instituciones y empresas privadas ajenas al entramado cameral. La única competencia desleal en un sistema de economía de libre mercado es la que se fomenta y ampara desde las connivencias siempre poco claras entre los empresarios subvencionados por los políticos y las administraciones públicas del Estado, a cargo de los impuestos con que se sangra cada día más y en mayores cantidades a los ciudadanos. Que se pregunten las cámaras de comercio si no son ellas las que están operando de modo desleal en el mercado, al brindar servicios que bien pueden prestar las empresas, valiéndose para ello del obsoleto marchamo paraestatal que aún esgrimen, y del amparo económico y jurídico que les brinda el Estado.
