El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) celebra que el gobierno haya decidido, por fin, acometer la reducción del número de empleados públicos, que siempre fue posible tanto de forma individual como mediante expedientes de regulación, pero que ahora se facilitará mediante una nueva reglamentación que aclare y simplifique los supuestos y procedimientos. Reducir la plantilla estatal a todos los niveles territoriales es una de las medidas que los liberales venimos reclamando desde que el PP llegó al poder. Los liberales queremos precisar que esa medida debe extenderse a todos los tipos de empleado público, incluyendo a los funcionarios de carrera. Los ciudadanos tenemos demasiados empleados. Ni necesitamos tantos, ni queremos seguir asumiendo su coste en medio de esta grave crisis económica, ni podemos aceptar que las leyes nos obliguen a hacerlo. No creemos que los empleados del Estado deban disfrutar de un privilegio de inamovilidad laboral que los demás ciudadanos no tienen, y es falaz el argumento de que esto fomenta su imparcialidad, la cual sólo puede lograrse mediante una auténtica transparencia de los procedimientos. Es particularmente injusta la contratación a dedo de empleados públicos por los políticos, a la que nos referimos más abajo.
Por otra parte, es evidente que algo no funciona cuando un país tiene seis millones de parados y cuatro millones de empleados públicos. Esta situación insostenible, específica de España, se debe en gran medida a la proliferación de competencias y actuaciones de las más diversas administraciones públicas, inducida por los partidos mayoritarios para colocar a sus cuadros y afiliados y fortalecer así las redes clientelares que les mantienen en el poder. Pero se debe también a las atribuciones que, con el beneplácito estatal, se han arrogado los sindicatos en la función pública. Los liberales reiteramos nuestra propuesta de eliminar la figura del liberado sindical.
Los liberales pensamos que la función pública debe reducirse hasta dimensionarse a las necesidades reales de las administraciones públicas para ejercer las competencias y atribuciones que aún no puedan ser devueltas a la sociedad civil. No compartimos la causa general contra el funcionario ni pensamos que todos los empleados públicos sean poco trabajadores. Sabemos que muchos de ellos tienen una alta cualificación y una buena actitud laboral y de servicio. Además, en general no tienen sueldos elevados. Lo que sucede es que son demasiados, y creemos que muchos de ellos sobran porque, en realidad, sobran las funciones que ejercen, las cuales podrían ser perfectamente asumidas por la sociedad civil a través de empresas y/o de organizaciones no lucrativas, o bien desaparecerían porque en realidad no había demanda. Por lo tanto no compartimos la solución planteada hasta ahora por los gobiernos socialista y popular, consistente en congelar o reducir los salarios de todos los empleados públicos indiscriminadamente. Es una medida colectivista que trata por igual al buen y al mal funcionario, al necesario y al redundante. Lo que se necesita es privatizar o cerrar miles de negociados, departamentos y empresas públicas, prescindiendo así de los correspondientes empleados y liberando esos recursos humanos para su reubicación en el mercado laboral para realizar tareas mucho más útiles y demandadas por la sociedad. Por otra parte, los liberales pedimos la congelación de toda convocatoria de empleo público y la amortización de los puestos cuyos titulares vayan jubilándose, en aquellos casos en que esto sea posible.
Dicho todo esto, los liberales exigimos que se empiece por despedir a los cargos de libre designación, a los asesores contratados a dedo por los políticos, y que ello se aplique tanto a las administraciones públicas en todos los niveles territoriales como a las empresas estatales. Es excesiva la cantidad de empleados públicos ajenos a la carrera funcionarial, contratados por los políticos de forma discrecional o bajo la apariencia de cumplir requisitos fácilmente maleables, muchas veces para beneficio de cuadros y afiliados de los partidos colectivistas. Esto sucede en todos los niveles territoriales de la administración. Los liberales abogamos por unas administraciones más tecnificadas (tenemos mucho personal con baja cualificación) con plantillas reducidas pero altamente cualificadas y utilizando sistemáticamente la externalización de todos los servicios que no requieran el ejercicio directo de funciones públicas. Para todo ello también resulta importante replantear por completo el acceso a puestos por el sistema de oposiciones, que hoy ha quedado obsoleto.
Una economía y una sociedad sanas funcionan espontáneamente mediante la interacción de miles de agentes económicos, prestadores de servicios de toda índole, empleados y empleadores, y con una presencia mínima de las administraciones públicas, apenas perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a un Estado omnipresente que ha invadido nuestras vidas y succiona vorazmente la riqueza que, pese a sus trabas y zancadillas, logramos producir. Urge quitarle poder y discrecionalidad a los políticos, y acometer de forma ordenada y paulatina el desmontaje de la mayor parte de ese Estado gigantesco y avasallador, cuyo coste ya es insostenible y cuya injerencia ya es insoportable. Prescindir de muchos de sus empleados, aligerando la carga fiscal que soportamos, es un primer paso que debe darse con valentía, pero que sólo tendrá éxito si se enmarca en una estrategia más amplia de desmantelamiento del enorme exceso de Estado que padecemos.
