El Partido de la Libertad Individual (P-LIB) denuncia con la mayor indignación la entrada en vigor en estos días de la ley 7/2012 de 29 de octubre, «antifraude», promovida por el ya ciertamente nefasto Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
Los liberales sentimos una gran decepción ante la que quizá sea la iniciativa que describa con mayor precisión al Gobierno de Rajoy: su fe ciega en la planificación económica y su ridícula obsesión por el castigo preventivo. Esta ley incorpora como puntos más ominosos los siguientes:
- Declara sospechosos de estafa y delito fiscal a los administradores de la sociedades mercantiles. La nueva ley introduce dos nuevos supuestos de responsabilidad subsidiaria de los administradores de hecho o de derecho sobre las deudas tributarias: a) En el caso de disolución y liquidación de sociedades; o b) En el caso de impago de tributos, habiendo presentado aunque sea en plazo, las declaraciones tributarias.
- Se extiende la función policial de la Agencia Tributaria más allá de las fronteras españolas, y declara igualmente sospechosos de delito fiscal a los ciudadanos con actividades económicas en el extranjero. La nueva ley nos obliga a informar sobre nuestros bienes y derechos en el extranjero: cuentas bancarias, acciones, valores financieros, participaciones… y bienes inmuebles.
- Se extiende el expolio fiscal a algunos de los recovecos de la actividad económica que aún quedan sin pasar por la taquilla de Hacienda. Se añaden tres nuevos supuestos de inversión de sujeto pasivo en IVA por entrega de bienes inmuebles: a) Cuando el transmitente sea una entidad en concurso de acreedores; b) Cuando se renuncie a la exención de IVA; o c) Cuando se produzca una dación en pago.
- Se implanta el largamente anunciado mini-corralito, especialmente pensado para microempresas y autónomos. La nueva ley prohíbe el pago en efectivo de cantidades superiores a dos mil quinientos euros para operaciones en las que al menos una de las partes sea un empresario, y queda prohibido el pago de salarios en metálico por encima de este importe.
Con esta nueva ley que entra en vigor, queda en evidencia que Rajoy y Montoro recelan de la libre iniciativa empresarial y desconfían de la responsabilidad de los ciudadanos para crear riqueza. En este sentido, el Secretario de Relaciones Institucionales del P-LIB, Diego Ruiz, ha declarado que «el pensamiento político de Rajoy es nefasto, pero sobre todo arcaico: ya ha sido superado, cosa de la que él mismo no se ha dado cuenta», añadiendo que «muchos ciudadanos conocen la base ideológica simplista de este presidente, pero lo más alarmante es que Rajoy roza con el totalitarismo económico, que solo admite la actividad empresarial privada si sirve a los objetivos estatales.»
Diego Ruiz también ha manifestado su profunda preocupación por el perfil político que está revelando el ministro de Hacienda, culpable de la situación de parálisis que vive la actividad económica española: «con esta ley, Montoro se ha ganado el puesto de máximo exponente del neo-corporativismo del siglo XXI, versión actualizada del corporativismo económico que imperó en Alemania e Italia en los años 30 del siglo pasado».
Los liberales denunciamos que con esta nueva ley el Partido Popular queda homologado con el kirchnerismo argentino. Así, afirma Diego Ruiz, «Rajoy se ha subido al carro de la presidenta argentina, criminalizando la actividad económica y estableciendo estúpidos controles y trabas a la iniciativa empresarial, y terribles sanciones de todo tipo, en aras de sus veleidades políticas y económicas».
